La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este jueves órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La decisión ha generado intensas reacciones internacionales, con apoyo parcial en la UE y rechazo frontal por parte del Estado Israel y Estados Unidos. Además, surgen las preguntas sobre qué efectos tendrá la decisión en términos reales. El posicionamiento de los estados es clave para entenderlo.
La CPI acusa a Netanyahu y Gallant de actos que constituyen crímenes de guerra durante las operaciones en Gaza desde el 8 de octubre de 2023. Según el fiscal general de la CPI, Karim Khan, la acumulación de pruebas desde mayo de 2024 fue clave para la orden. Países europeos como el Estado francés, Bélgica e Irlanda han confirmado su intención de acatar la decisión, mientras otros, como Hungría, la rechazan tajantemente. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, enfatizó que “respetar estas órdenes es esencial para preservar la legitimidad del tribunal”, aunque reconoció divisiones dentro de la UE.
El Estado de Israel, que no es signatario del Estatuto de Roma, calificó ayer la orden como “antisemita y políticamente motivada”. Netanyahu aseguró que “la CPI carece de jurisdicción” y reiteró el rechazo a cooperar con investigaciones. Estados Unidos, que tampoco reconoce la autoridad del tribunal, respaldó la postura israelí argumentando “fallos procesales” y cuestionando la imparcialidad de la CPI. Sin embargo, la medida establece que cualquier Estado miembro del Estatuto de Roma está obligado a detener a Netanyahu o Gallant si ingresan a su territorio.
En lo que respecta a la Resistencia Palestina, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás aplaudió la decisión del tribunal de la Haya, aunque la resolución estableció también una orden de arresto el Comandante en Jefe de su brazo militar, las Brigadas Ezzeldin Al-Qassam, equiparándolo a los crímenes de los mandatarios israelíes.
De todas formas, la decisión intensificará el debate sobre las acciones del ejército israelí en Gaza y la responsabilidad de los actores internacionales en el conflicto, y aunque la CPI no tiene mecanismos propios de ejecución, los posicionamientos de los estados del mundo serán cruciales. En ese sentido, Borrell ha advertido que un rechazo europeo a las órdenes podría significar “el fin práctico de la CPI como institución global de justicia”. La implementación de las órdenes dependerá del apoyo y la voluntad de los países firmantes, que por ahora parece abierta y sujeta a modificaciones.
