A pesar de no contar con unos Presupuestos Generales, este martes la Comisión Europea ha considerado “creíble” la senda fiscal presentada por el Estado español. Este visto bueno llega en un contexto en el que el país se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión para fondos soberanos a nivel mundial, captando 6.900 millones de euros en 2023, lo que lo coloca en la sexta posición global. Así lo asegura reciente el Informe de Fondos Soberanos 2024 presentado por ICEX España.
Siete fondos soberanos internacionales realizaron 13 inversiones directas en el Estado español, enfocadas principalmente en infraestructuras digitales, energías renovables y el sector inmobiliario, que por sí solo atrajo 1.500 millones de euros con operaciones en grupos como Meliá y HIP. Este volumen representa un aumento del 140% respecto a 2022 y coloca al Estado español en su segundo mejor año histórico, solo detrás de 2011, cuando el fondo emiratí IPIC adquirió Cepsa.
Así, el Estado español se ha convertido en un actor relevante en la atracción de capital extranjero, especialmente en sectores estratégicos como infraestructuras digitales y energías renovables. Los fondos soberanos, con un crecimiento global del 14%, han dirigido inversiones significativas hacia el Estado español, destacando la confianza internacional en su economía. Sin embargo, al igual que otros países europeos, sigue enfrentando desafíos para equilibrar las demandas de ajuste fiscal con la necesidad de seguir atrayendo inversión extranjera directa, que actualmente representa el 56% de su PIB.
El plan del Gobierno español propone gastar, en 2025, un 3,7% de todo el dinero que genera el Estado en un año, dejando fuera algunos gastos como los intereses de la deuda y otros costos especiales. Esto supera las recomendaciones de Bruselas, que fijaban el techo en un 3,2%. Sin embargo, los técnicos comunitarios han minimizado las diferencias, atribuyéndolas “al crecimiento esperado del PIB” y a “los compromisos de reforma fiscal”. Este ajuste presupuestario es clave para alinearse con las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, que busca reducir el déficit al 3% del PIB.
