Estados Unidos ha sancionado a 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, acusándolos de estar involucrados en un “fraude electoral” durante los comicios presidenciales de julio de 2024 y en la posterior represión de las protestas opositoras. Entre los sancionados se encuentran ministros clave como Aníbal Coronado y Freddy Ñáñez, así como altos mandos de la Guardia Nacional, el los servicios de información SEBIN y la Policía Nacional. Estas sanciones incluyen el bloqueo de activos en EEUU y la prohibición de realizar transacciones financieras en el país.
En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha rechazado las sanciones y las califica como una agresión por parte del gobierno de EEUU. Durante un acto de la Aviación Militar Bolivariana, Maduro ha anunciado la creación de la condecoración “Victoria de Ayacucho” para premiar a los funcionarios sancionados, destacando su “profesionalismo y dedicación”. Además, reafirmó el compromiso de Venezuela con su independencia y su modelo político propio, rechazando las presiones extranjeras.
Las sanciones llegan en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, tras las elecciones de julio, en las que Maduro fue reelegido, aunque la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, ha impugnado los resultados. Este último, fugado al Estado español, ha sido reconocido por Estados Unidos como el “presidente electo de Venezuela”, lo que añade más fricción a la situación política del país. Representantes del Gobierno venezolano ha anticipado que González será detenido en cuanto vuelva al país, según las propias palabras de González, “a tomar posesión de la presidencia”.
