Australia ha aprobado una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en establecer una regulación de este tipo contra las grandes tecnológicas. A partir de finales de 2025, plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X y Snapchat deberán demostrar que toman “medidas razonables” para impedir el acceso de usuarios menores, o enfrentarán multas de hasta 44 millones de dólares (unos 30,5 millones de euros), según CBC News. Sin embargo, algunas aplicaciones de mensajería como WhatsApp y plataformas educativas como Google Classroom podrían quedar excluidas de la prohibición.
El proyecto de ley no define explícitamente qué se entiende por “medidas razonables”. Para aclarar este aspecto, en 2025 llevarán a cabo uno de los mayores ensayos de tecnología de verificación de edad del mundo, en colaboración con el Reino Unido. Este ensayo evaluará tecnologías como el análisis biométrico mediante selfies, la verificación a través de documentos de identidad y la inferencia de edad basada en datos cruzados. Sin embargo, las plataformas no podrán obligar a los usuarios a proporcionar documentos emitidos por el gobierno, lo que ha sido una preocupación clave para proteger la privacidad. “La precisión de estas herramientas no está garantizada”, advirtió Tony Allen, director del Age Check Certification Scheme, que supervisará las pruebas.
La ley ha sido impulsada por grupos de padres, quienes citan declaraciones como las del cirujano general de EEUU, Vivek Murthy, quien ha sugerido que “las redes sociales deberían llevar una advertencia de salud, similar a la de los cigarrillos”. Activistas contra el acoso anticipan que esta prohibición “será difícil para los adolescentes actuales, pero puede que la próxima generación crezca sin depender de estas plataformas”. Sin embargo, críticos advierten que la ley “podría aislar a los jóvenes más vulnerables, especialmente en comunidades rurales y colectivos LGTBI” y que “se trata de una ley de boomers que quieren sentir que están haciendo algo”. Por su parte, Meta ha calificado la legislación de “precipitada” y ha pedido “una mayor consulta técnica para evitar que se convierta en una carga para padres y adolescentes”.
