El pasado lunes 2 de diciembre se celebró en el Senado la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto, que sirvió de altavoz tanto de distintos partidos de derecha y extrema derecha a nivel internacional como de los diferentes lobbies contra el aborto ―y contra la eutanasia, los derechos LGTBI y la inmigración― que orbitan en torno a ellos. Detrás de la organización de la cumbre estaba la Red Política de Valores, presidida por el ex candidato chileno y defensor de la dictadura de Pinochet José Antonio Kast y, en calidad de presidente honorífico, por Jaime Mayor Oreja, el que fuera ministro del Interior del Gobierno de Aznar.
Entre los 49 ponentes, además de los propios Kast y Mayor Oreja, se encontraban Kinga Gál, vicepresidenta de Fidesz (el partido de Orbán) y de Patriotas por Europa; Lucy Akello, miembro del Parlamento de Uganda que apoyó la reciente ley contra la homosexualidad, que incluye la pena de muerte; Ignacio Garriga, secretario general de Vox, que evocó en su intervención la teoría del gran reemplazo (“algunos prefieren las políticas de sustitución en lugar de las políticas de familia”); varios representantes de Fratelli d’Italia, la formación de Meloni; Nahuel Moreno, secretario de Culto de Milei; Valerie Huber, presidenta de la organización antiabortista estadounidense The Institute for Women’s Health; y Sharon Slater y Brian Brown, activistas en favor de lo que llaman “familia natural”. Entre las organizaciones colaboradoras se encuentran, entre otras, la Heritage Foundation (una de las organizadoras principales de la campaña de Trump en las últimas elecciones), Foundation for a Civic Hungary (fundación política del Fidesz), la International Organization for the Family (coalición que se opone al aborto, el divorcio y el matrimonio homosexual), el Family Research Council (think tank estadounidense contra los derechos LGTBI) o la Fundación NEOS (presidida también por Mayor Oreja y cuya semilla, la Fundación Valores y Sociedad, fue financiada por grandes empresas españolas como El Corte Inglés, Telefónica, Inditex o BBVA).
Como puede observarse, los objetivos de todo este entramado de organizaciones van mucho más allá de la prohibición del aborto y pasan por el ataque sistemático a los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBI y las personas migrantes. Eventos como el de la semana pasada son, en definitiva, un medio para el rearme político y cultural de los reaccionarios a escala internacional: por un lado, les permiten situar su discurso en los medios de comunicación, con el fin de colocarse como los defensores de la vida, la libertad, la familia y los valores occidentales frente a quienes defenderían la muerte, la degeneración y la decadencia de Occidente; por otro, son un medio muy eficaz para establecer contactos en las esferas de influencia y poder ―político y económico― a nivel internacional.
Frente a ello, la izquierda parlamentaria se ha movido entre la indignación impotente (una moción de censura de PSOE, ERC, EH Bildu, BNG, PNV e Izquierda Confederal que no pudo frenar el acto, una recogida de firmas de Más Madrid y llamamientos varios) y el blanqueamiento de las instituciones del Estado capitalista. Su desconcierto se asienta en dos errores de análisis, íntimamente relacionados. Primero, en una visión ingenuamente “progresista” del desarrollo capitalista, que les lleva a creer que los derechos solo se irán ampliando y que algunos están tan asentados que no pueden dar marcha atrás: el camino desde el presente al socialismo (para los que aún lo nombran) debe de ser una sucesión pacífica y armoniosa de reformas progresivas. Segundo, como de facto son testigo del retroceso en derechos, tienen que buscar culpables fuera del orden social y político que defienden y así no solo poder quedar libres de toda culpa, sino también seguir presentándose como una verdadera alternativa. El grado de disparate al que han llegado muchas de las declaraciones de esta cumbre (véase la defensa del creacionismo) y el hecho de que la mayoría de posiciones no encajen bien con la opinión mayoritaria de la sociedad española ha resultado especialmente conveniente a ese fin.
Las comunistas, en cambio, sabemos que para las mujeres proletarias los derechos sexuales y reproductivos están lejos de estar garantizados y que el derecho al aborto no es hoy un derecho universal, tampoco en los países en los que sí ha sido regularizado: vivimos bajo la periódica amenaza de reformas que lo limiten aún más, el negocio de las clínicas privadas, el cuento de la “objeción de conciencia” y el hostigamiento por parte de grupos antiabortistas. En el Estado español, sin ir más lejos, el 81% de los abortos sigue realizándose en clínicas privadas.
Sabemos también que por muy espectacular e indignante que haya sido esta cumbre, sus “monstruos” no son una anomalía externa: son un producto de la crisis y se alimentan, al menos en parte, del fracaso de la socialdemocracia. Ante ello, debemos recordar algunas cuestiones centrales. En primer lugar, solo arrancando el poder político de manos de los capitalistas podremos asegurar que nuestros derechos no se muevan entre el incumplimiento y la amenaza permanente. En segundo lugar, ello requiere vincular la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, como por cualquier derecho democrático, con la lucha política contra el Estado capitalista y en favor del socialismo. En tercer lugar, como nos recuerda macabramente la creciente conexión internacional de los reaccionarios, esa lucha debe desplegarse internacionalmente.
Ese es el único camino realista, por largo que sea, para la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos, porque es el único medio capaz de destruir no solo todo aquello que hace hoy del aborto algo inaccesible para muchas, sino también las bases que empujan a muchas mujeres a embarazos no deseados y a una maternidad alienante. Lo que la izquierda reformista nos ofrece contra la barbarie son recogidas de firmas, mociones de censura y llamamientos. Nosotras preferimos oponerle la lucha por el socialismo como alternativa real a este mundo miserable.
