El Estado español y el Estado francés, junto con Italia, rechazan conjuntamente el recorte del 79 % de los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo propuesto por la Comisión Europea para 2025. La medida limitaría la actividad a una media de 27 días al año, lo que supone una “sentencia de muerte” para la flota, según indican desde el sector, del que dependen 3.000 empleos directos y 14.000 indirectos solo en el Estado español. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, denunció que la propuesta “no tiene en cuenta los esfuerzos realizados por el sector en los últimos año”, y solicitó una moratoria que permita mantener los 120 días actuales.
El sector pesquero considera que los informes científicos en los que se basa la propuesta están desactualizados y no reflejan la recuperación de las especies ni el impacto socioeconómico del recorte. José Manuel Martínez Malia, director de Pesca de Andalucía, calificó la medida como “una declaración de guerra”, mientras que el nuevo comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, reconoció “la complejidad del debate” al tratarse de una propuesta heredada de la anterior Comisión. Pescadores y cofradías han anunciado movilizaciones en Madrid y en puertos andaluces para protestar contra una medida que consideran “inviable”.
El Consejo de Pesca de la UE, que concluye este martes, también debatirá las cuotas pesqueras del Atlántico, donde la Comisión ha propuesto mantener las de merluza y aumentar las de rape, gallo y jurel. Sin embargo, la situación en el Mediterráneo preocupa especialmente, ya que la reducción del 79 % amenaza con paralizar la pesca de arrastre, una actividad clave para las economías locales del Estado español, el Estado francés e Italia. Los tres países instan a Bruselas a encontrar “un equilibrio entre los criterios medioambientales y los socioeconómicos” que garantice la viabilidad del sector.
