El Gobierno español ha reabierto su nueva embajada en Caracas (Venezuela), un edificio adquirido en 2018 por seis millones de euros y sometido a una reforma de 3 millones adicionales bajo un procedimiento de emergencia debido a la inestabilidad del país. Las obras finalizaron en 2020, pero el edificio permaneció cerrado durante cuatro años por retrasos administrativos y técnicos. La sede, ubicada en Chacao, un distrito financiero clave, cuenta con cuatro plantas y una parcela de 1.875 metros cuadrados. Según The Objective, la mudanza comenzó de forma gradual en septiembre, coincidiendo con el nombramiento del diplomático Álvaro Albacete como nuevo embajador, en sustitución de Ramón Santos.
La construcción, impulsada durante el mandato del embajador Jesús Silva, buscaba centralizar a todo el personal diplomático, consular y de agregadurías en un solo edificio con mejores condiciones de seguridad, después de que la antigua sede fuera blanco de un ataque con cócteles molotov en 2017. No obstante, la obra, adjudicada sin requisitos formales a la empresa Inversiones YC S.A., experimentó un sobrecoste del 15% y retrasos prolongados. Además, el Gobierno español ha seguido invirtiendo en el edificio; en 2023 destinó 149.000 euros en sistemas de seguridad electrónica y 37.000 euros en reparaciones de cubiertas, según documentos oficiales citados por The Objective.
La embajada, aunque parcialmente operativa, aún no ha integrado al consulado general, cuyo traslado enfrenta reticencias por parte de su titular, Marcos Rodríguez. Las nuevas instalaciones, destinadas a dar servicio a cerca de 140.000 personas con ciudadanía española residentes en Venezuela, han sido criticadas por la dilación en su uso efectivo, pese a la urgencia esgrimida en su adjudicación. La reapertura se produce en un contexto delicado de relaciones bilaterales tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela y sin actos oficiales destacados.
