La Comisión Europea sigue explorando la creación de centros de deportación fuera de sus fronteras como parte de una estrategia para “frenar la inmigración irregular”, según ha informado El País este martes. A pesar de los reveses judiciales al modelo impulsado por Italia en Albania, esta iniciativa fue defendida por la primera ministra Giorgia Meloni. Ha enfrentado obstáculos tanto legales, como los fallos judiciales italianos, como críticas de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reafirmado su voluntad de impulsar este enfoque, que pretende integrar en la reforma de la directiva de retornos en curso.
A pesar de la controversia, el modelo de deportación fuera de la UE sigue siendo considerado una “opción viable” por algunos países miembros, como Dinamarca, Grecia y Austria, que apoyan su implementación. La Comisión Europea estudia ahora los aspectos financieros, operativos y jurídicos de estos centros, que se situarían en países ajenos a la Unión. Von der Leyen ha señalado que esta será una de las principales iniciativas de la legislatura, a pesar de las dudas sobre su viabilidad económica, ya que, según estimaciones italianas, el coste por persona deportada Albania supera los 85.000 euros, muy por encima de los 35 euros diarios que cuestan los centros en Italia.
El alto coste y las implicaciones legales del modelo, que ha sido parcialmente implementado en Albania, siguen siendo temas de debate. Mientras algunos países de la UE apuestan por esta “solución innovadora”, otros, como el Estado español y Alemania, rechazan la idea por el peso financiera que conlleva. La presión sobre la Comisión Europea aumenta, mientras la migración se mantiene como uno de los temas más divisivos en la agenda europea, con la cumbre de líderes europeos de esta semana como escenario clave para discutir estos planes.
