El Estado español sigue siendo uno de los líderes en la recepción y gestión de fondos europeos, pero el uso que se hace de estos recursos es cada vez más cuestionado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que Moncloa solicitará el quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation, además de un desembolso adicional de 1.500 millones de euros para ayudar a las zonas devastadas por la DANA en el Paìs Valenciá. Esta solicitud será presentada en paralelo con una Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, más allá de las cifras y anuncios, persisten serias dudas sobre la efectividad de estos fondos, especialmente cuando se considera que el verdadero impacto de muchas de las inversiones sigue siendo incierto.
En cuanto a la gestión de las ayudas para los afectados por la DANA, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha destacado que se han entregado “más de 600 millones de euros en ayudas directas”. Sin embargo, los informes apuntan a que una gran parte de las ayudas aún no ha llegado a las personas y empresas más necesitadas. De los más de 16.600 millones de euros destinados a la reconstrucción, más de 10.000 millones corresponden a ayudas directas, pero la burocracia y la falta de coordinación entre las distintas administraciones han ralentizado el proceso. Por ejemplo, el Consorcio de Seguros ha pagado solo un 10% de las solicitudes registradas, lo que pone en evidencia la ineficiencia de los mecanismos de distribución de los fondos.
Mientras tanto, el Gobierno español se prepara para solicitar nuevos desembolsos, lo que podría inflar aún más las cifras sin que se vea un cambio real en la situación de los afectados por la DANA. La promesa de transformar y reconstruir las zonas afectadas contrasta con la falta de un plan de acción claro y la improvisación administrativa. La gestión de los fondos europeos, lejos de estar sometida a un escrutinio riguroso, sigue estando rodeado de interrogantes.
