La Comisión Europea ha condicionado la entrega de fondos europeos Next Generation al Estado español a la aprobación de una subida fiscal al diésel antes del próximo mes de marzo. Según un documento al que ha tenido acceso El País, esta exigencia forma parte de los compromisos del quinto desembolso, que asciende a unos 8.000 millones de euros en ayudas directas y más de 16.000 millones en préstamos adicionales. Si la medida no se implementa, Bruselas congelará parte de los recursos al considerar que no se ha cumplido con los objetivos de reforma fiscal pactados.
La subida del impuesto al diésel, que supondría un encarecimiento de 11 céntimos por litro, ya había sido rechazada por Podemos en el Congreso por su impacto en las familias de rentas bajas, quienes suelen depender más del gasoil. Esto complicó su tramitación en un Parlamento fragmentado. No obstante, Bruselas insiste en esta reforma al considerarla “necesaria para penalizar el uso de combustibles contaminantes y cumplir con las recomendaciones del comité de expertos fiscales”. La medida podría recaudar hasta 1.500 millones de euros, equivalentes a una décima del PIB, pero enfrenta críticas por su potencial impacto regresivo en los sectores sociales más vulnerables.
Además de la fiscalidad del diésel, el Estado español ha renegociado con la Comisión Europea algunos hitos del Plan de Recuperación, retrasando leyes como la de familias y la de servicios sociales a pagos posteriores. Sin embargo, los retrasos en proyectos de hidrógeno verde y la supresión de iniciativas para pymes en este sector han generado preocupación. Desde el inicio del plan, el Gobierno ha recibido 48.000 millones en subvenciones de los 140.000 millones asignados, pero la presión de Bruselas obliga ahora a acelerar reformas clave en un contexto político complejo.
