En Ecuador, la justicia ha admitido la investigación de la desaparición de cuatro menores como un caso de “desaparición forzada” y con “responsabilidad del Estado”, según informa teleSUR. Este jueves, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil confirmó que se formularán cargos a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes participaron en la detención de los jóvenes el pasado 8 de diciembre. Los menores, identificados como Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron arrestados mientras jugaban fútbol frente a un centro comercial en Guayaquil. Según testimonios y un video que circuló en redes sociales, los militares capturaron a los menores disparando al aire y los trasladaron a un lugar desconocido.
El Comité de Derechos Humanos y las familias de los desaparecidos han exigido “justicia y respuestas” por parte de las autoridades ecuatorianas. En este contexto, la jueza Tanya Loor ha admitido el recurso de hábeas corpus presentado por los familiares y destaca “la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos en estos casos”. A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno de Daniel Noboa aún no ha dado explicaciones claras sobre lo sucedido, lo que ha generado una creciente preocupación por la impunidad de las fuerzas armadas en el país.
Recientemente, las familias de los menores asistieron a un laboratorio forense en busca de pistas que pudieran esclarecer el paradero de los jóvenes. Se realizaron comparaciones con cuerpos calcinados encontrados en la localidad de Taura, pero el proceso continúa lleno de incertidumbres.
