La desaparición de cuatro niños en Ecuador por parte de militares ha terminado de la peor manera posible. Se han identificado los cuerpos calcinados de Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14) el 31 de diciembre en una zona pantanosa de Taura, tras haber sido secuestrados por una patrulla militar el 8 de diciembre. Durante semanas, las familias y la sociedad ecuatoriana exigieron respuestas y la aparición con vida de los menores, mientras el Gobierno de Daniel Noboa demoraba en reconocer la implicación de las fuerzas armadas en el caso y daba versiones contradictorias.
El clamor popular se intensificó al conocerse que 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron procesados por desaparición forzada. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por distanciarse de las acciones de los soldados, imágenes de videovigilancia mostraron a los niños golpeados y retenidos en una camioneta militar. Por ello, será investigado el ministro de defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo. Según El País, testigos han revelado que, tras ser liberados en condiciones precarias, los menores fueron secuestrados nuevamente por hombres encapuchados. La Fiscalía ha indicado que los cuerpos fueron arrojados a un río y posteriormente incinerados.
El caso ha desatado protestas y llamados “a una reforma profunda en las fuerzas armadas y la policía”, en un país donde el crimen organizado y la impunidad de ciertos sectores militares parecen entrelazarse. Organizaciones de derechos humanos y la Asamblea Nacional han demandado “la protección de testigos y el endurecimiento de sanciones contra los responsables”. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen no solo “justicia”, sino “garantías de que crímenes como este no vuelvan a repetirse”.
