El despliegue de tropas militares en suelo estadounidense, autorizado bajo la Ley de Insurrección, vuelve a ser motivo de debate entre expertos legales, militares y académicos ante la posibilidad de que Donald Trump haga uso de esta facultad para abordar problemas internos como protestas masivas o inmigración irregular. Según un artículo publicado este lunes en POLITICO, el uso de esta ley no es nuevo, pero ha generado polémica en incidentes pasados, como los disturbios de Los Ángeles en 1992. En aquella ocasión, el general retirado Marvin Covault, entonces comandante de la 7.ª División de Infantería, destacó que “se priorizó un enfoque no letal para respaldar a la policía”, pero advirtió sobre las tensiones que pueden surgir por una formación militar predominantemente enfocada en conflictos bélicos y no en control de multitudes.
Las declaraciones recientes de Trump, en las que sugirió “medidas drásticas” como la deportación masiva de inmigrantes y el uso de la violencia contra manifestantes, han generado preocupación en varios círculos sociales, incluidos los propios militatres. Retirados como el general Charles Dunlap y académicos como Joseph Nunn, del Brennan Center for Justice, destacan los riesgos de otorgar amplia discrecionalidad presidencial en el uso de esta ley, que podría interpretarse como un aval para emplear a las fuerzas armadas en actividades policiales, algo prohibido por el Acta de Posse Comitatus salvo excepciones. Además, casos como el desalojo de manifestantes en Lafayette Square en 2020 subrayan los desafíos éticos y legales que enfrentan las tropas al operar en contextos civiles.
La comunidad militar debate sobre “los límites éticos y legales” de acatar órdenes presidenciales. Expertos en leyes militares, como John Dehn, resaltan que “los soldados deben respetar los derechos constitucionales, como el debido proceso y la protección contra arrestos injustificados, incluso bajo la Ley de Insurrección”. Mientras algunos abogan por una preparación jurídica previa para resistir órdenes políticamente motivadas, otros advierten que esto podría socavar el principio de control civil sobre el ejército. Con una posible reactivación de esta ley bajo un segundo mandato de Trump, la falta de protocolos claros para despliegues domésticos y los precedentes históricos generan inquietudes sobre un potencial deterioro del orden constitucional en Estados Unidos.
