Déficit de 100.000 trabajadores de enfermería en el Estado español

Un informe del Ministerio de Sanidad desvela que el 40% de las enfermeras se plantea abandonar la profesión, donde sigue habiendo seis veces más mujeres que hombres.

Personal de enfermería con trajes EPI durante la pandemia de la COVID-19 en 2020.
Foto: xavierarnau (X).

El Estado español necesita incorporar 100.000 enfermeras y enfermeros para equiparar su ratio con el promedio de la Unión Europea, según el informe Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024, presentado por el Ministerio de Sanidad. A nivel estatal, se cuenta un ratio de 6,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente al promedio comunitario de 8,5, con marcadas diferencias entre regiones. Pese a los avances en contratación durante la última década, alcanzar el objetivo europeo requeriría entre 22 y 29 años al ritmo actual de incorporación, lo que supone un incremento del 29% en la plantilla, según los datos recopilados por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

El informe revela, además, que casi el 40% de las enfermeras encuestadas se plantea abandonar la profesión en los próximos diez años, con un 16,9% considerando hacerlo en los próximos dos años. Entre las principales razones destacan la sobrecarga laboral, con el 55,2% afirmando que no hay suficiente personal para garantizar una atención adecuada, y la percepción de riesgo en la calidad de los cuidados, reportada por el 67,7%. Estas cifras coinciden con un estudio previo de SATSE, que en 2023 reflejaba que el 85% de las enfermeras atendía a más pacientes de los considerados seguros.

La descoordinación entre comunidades autónomas agrava la situación. Según Paloma Calleja, coordinadora del Comité de cuidados en salud, existen disparidades significativas en la carga asistencial, con enfermeras en Madrid asignadas a 1.950 pacientes frente a 958 en La Rioja, por ejemplo. Asimismo, los sueldos varían ampliamente: en Canarias, el salario mínimo para atención hospitalaria es de 2.898 euros, mientras que en Cantabria es de 1.647 euros. Este desequilibrio, unido a la falta de recursos y oportunidades profesionales, representa un desafío estructural que amenaza con colapsar el sistema sanitario.