La energía eólica flotante, una tecnología con un gran potencial debido a su capacidad para aprovechar recursos eólicos en aguas profundas, sigue avanzando lentamente, pero con grandes expectativas por pare de algunas potencias. A pesar de que aún se encuentra en sus fases iniciales de desarrollo, con apenas 15 proyectos operativos en el mundo que suman 245 megavatios (MW), el Estado francés, Reino Unido y Corea del Sur están tomando la delantera en la instalación de proyectos de mayor escala. Los franceses, por ejemplo, han adjudicado recientemente 750 MW en proyectos de eólica flotante, incluyendo Pennavel y Narbonnaise, con planes de continuar su programa con una subasta que podría añadir hasta 2,9 gigavatios (GW) en 2025.
Por su parte, el Reino Unido ha asignado 400 MW en la subasta AR6 a su proyecto Green Volt Offshore Windfarm, que incluye la instalación de hasta 35 aerogeneradores. Mientras tanto, Corea del Sur sorprendió en los mercados al adjudicar 1.886 MW en su subasta offshore, destacando el proyecto Firefly, que se convertirá en el mayor parque eólico flotante del mundo una vez completado. Estos avances sugieren que la energía eólica flotante podría convertirse en un componente clave en la carrera por la denominada “transición energética global”, aunque se estima que no se verán resultados operativos antes de 2029 debido a los largos plazos de desarrollo de los proyectos.
A pesar de estos avances, el Estado español aún se encuentra rezagado en esta carrera. Aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece un objetivo de 1 a 3 GW de eólica marina para 2030, Madrid aún espera la convocatoria de subastas para desarrollar parques flotantes. La falta de avances, especialmente en un sector donde los plazos son largos, podría dificultar el cumplimiento de estos objetivos. Actualmente, la zona de Gran Canaria se perfila como la más probable para albergar el primer parque eólico flotante del Estado español, con una potencia estimada entre 200 y 300 MW. Sin embargo, el retraso en las subastas pone en duda si el Estado español podrá alcanzar sus metas en este sector.
