Este miércoles, el Congreso de los Diputados debatirá y votará la derogación del impuesto temporal sobre las empresas energéticas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para el ejercicio 2025. La medida cuenta con el respaldo de PP, Vox, PNV y Junts, cuya alianza garantizará la eliminación de este gravamen. El impuesto había sido instaurado mediante decreto en el último Consejo de Ministros de 2024, tras la derogación del gravamen anterior en el marco de la reforma fiscal promovida por el PP y apoyada por los mencionados partidos.
El nuevo gravamen, diseñado para compensar las contribuciones del sector energético a la “transición ecológica”, incluía bonificaciones para las empresas que invirtieran en proyectos relacionados con la “descarbonización”. Además, el Ejecutivo había propuesto su conversión en un impuesto gestionado por las haciendas forales, como forma de atraer el apoyo del PNV. Sin embargo, el portavoz de este partido, Aitor Esteban, rechazó la propuesta, argumentando que “rompe el principio de relaciones con las comunidades forales” y criticando la falta de avances en el compromiso asumido previamente por Moncloa.
Desde el bloque de investidura, EH Bildu, ERC y BNG han reprochado la posición del PNV, señalando que “el decreto incluye compromisos para descentralizar la gestión del impuesto”. Sin embargo, la formación jeltzale considera “insuficientes” las garantías del Ejecutivo, dado que este incumplió acuerdos similares en el pasado. La derogación supondrá un golpe para los planes del Gobierno español en materia fiscal, mientras los partidos de la oposición refuerzan su alianza en torno a una política económica divergente con la de Sánchez.
