Las “cartas de marca y represalia” son una herramienta legal histórica autorizada por la Constitución de Estados Unidos en su Artículo I, Sección 8. Según ha explicado el senador de Utah Mike Lee en la red social X, estas podrían resurgir como “una estrategia innovadora para combatir a los cárteles de drogas mexicanos”. Estas licencias, utilizadas por última vez hace más de un siglo, permiten a civiles, contratistas privados, empresas de seguridad y mercenarios realizar acciones que, de otro modo, serían consideradas ilegales, como interceptar operaciones de narcotráfico o tráfico de personas. En los pasillos de la Casa Blanca ya se especula sobre que esta medida “podría ofrecer una alternativa eficaz frente a las amenazas recientes de los cárteles”, que habrían declarado su intención de “atacar aviones estadounidenses que deportan a migrantes indocumentados”.
La aplicación moderna de estas cartas implicaría que el Congreso autorice a firmas privadas o civiles capacitados para interceptar envíos de drogas y operaciones de tráfico humano en las fronteras. Según fuentes consultadas por Lee, este enfoque ofrece “ventajas significativas”, como una mayor “flexibilidad operativa” y un menor costo para los contribuyentes, ya que los “privateers” recibirían solo una parte de lo incautado. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas, especialmente por parte de quienes argumentan que podría violar principios del derecho internacional y derechos fundamentales.
Aunque no se ha emitido una carta de este tipo en más de 100 años, su uso histórico en conflictos pasados sugiere que podría ser una herramienta más para EEUU en su aparante disputa con los cárteles sin recurrir a una guerra abierta. “Ignorar esta opción por consideraciones de ‘derecho internacional’ o de otro tipo sería subestimar la amenaza clara y presente que representan los cárteles para Estados Unidos”, afirma Lee.
