El gobierno de Donald Trump ha intensificado su campaña de deportaciones de personas migrantes irregulares, con vuelos que ya han aterrizado en países como Guatemala, Brasil y Colombia. Esta acción forma parte de una de las políticas migratorias más destacadas del presidente republicano, que busca trasladar a miles de personas que se encuentran irregularmente en territorio estadounidense a sus países de origen.
Sin embargo, la iniciativa ha provocado disputas diplomáticas, como la que ocurrió recientemente entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se saldó finalmente con un acuerdo que Bogotá acató. Aunque este desacuerdo se resolvió a través de la diplomacia, la situación podría complicarse con países con gobiernos más irreductibles, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que históricamente no han cooperado con Estados Unidos en materia migratoria, y mucho menos ahora, que EEUU proyecta una política exterior más agresiva hacia ellos, como reincorporar a Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo”.
Para presionar a estos gobiernos, Trump cuenta con medidas como la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU, que permite suspender visas a los nacionales de países que se nieguen a aceptar deportados. No obstante, expertos como Ariel Ruiz, del Instituto de Política Migratoria, advierte en DW que estas sanciones “pueden ser contraproducentes”. Según Ruiz, “aumentar las sanciones podría agudizar las condiciones económicas que ya son muy difíciles para los pueblos de estos países, y eso podría llevar a más migración”. Además, algunos analistas sugieren que las presiones económicas y diplomáticas sobre Managua, Caracas y La Habana podrían ser limitadas, ya que estos países llevan décadas sin dependen tanto del comercio con EEUU como otras naciones latinoamericanas.
La situación también ha puesto a México en el centro de la discusión, ya que se ha sugerido como un posible “tercer país seguro” para todas aquellas personas que no puedan ser recibidas por sus países de origen. Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado que “no aceptará esta opción”, lo que complica la situación. Facundo Robles, del Wilson Center, señala que “forzar a estos países a aceptar deportaciones es una tarea compleja, ya que utilizan la migración como herramienta política”. Para él, un enfoque “más efectivo” sería vincular acuerdos migratorios con incentivos como la flexibilización de sanciones o la cooperación humanitaria, en lugar de imponer medidas unilaterales que podrían endurecer aún más las posturas de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Por tanto, ahora que la inmigración se convierte en una cuestión de primer orden en la política internacional, y especialmente en EEUU, estos países históricamente sancionados, agredidos y bloqueados por Washington podrían tener un as en la manga para renegociar su posición económica y geoestratégica en la región.
