Los trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) evacuaron este miércoles su sede en Jerusalén Este (Palestina) tras la entrada en vigor de una ley israelí que prohíbe sus actividades en todo el país: en territorios ocupados en 1948, en Cisjordania y en Gaza. Jonathan Fowler, portavoz de la organización, confirmó que el personal internacional ha abandonado el lugar al expirar sus visados, mientras que los empleados locales no han podido acceder al recinto. El vicealcalde impuesto por el Estado de Israel en Jerusalén-Al Quds, Arieh King, convocó una concentración de colonos para “celebrar” el cierre, calificando a la UNRWA como una “organización nazi hostil” en redes sociales.
La ley, aprobada por la Knéset (Parlamento colonial) en octubre de 2023, veta las operaciones de la UNRWA bajo el argumento de que una docena de sus 33.000 empleados “habrían participado en los ataques de Hamas del 7 de octubre”. Aunque la norma prohíbe operar en territorio ocupado en 1948, en la práctica también bloquea la coordinación con el Ejército para acceder a Cisjordania y Gaza. Además, los israelíes planean construir 1.400 viviendas de colonos en el terreno de la sede de la UNRWA, según ha declarado públicamente la Autoridad de Tierras de Israel (ILA).
La medida impacta directamente en la ayuda humanitaria: la UNRWA alerta de que “sin coordinación” con el Estado de Israel “será casi imposible ingresar camiones con alimentos y suministros a Gaza”, donde un millón de personas dependen de esta asistencia. “El estatus diplomático del recinto vacío podría ser vulnerado”, advirtió la agencia, en referencia a posibles acciones de autoridades o grupos de colonos. La política de “no contacto” también impide renovar visados a trabajadores palestinos de la agencia, que ya suman solo un centenar en la sede tras las restricciones posteriores al 7 de octubre.