Seis familias del Bloque Rascón de Carabanchel (Madrid) enfrentan un realojo forzoso a viviendas en Casarrubuelos que, según muestran los denunciantes en vídeos difundidos en redes sociales, son inhabitables. Las vecinas, que llevan meses luchando por un realojo seguro debido al peligro de derrumbe de su edificio, acusan a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) de ejercer “chantaje” al ofrecerles pisos en condiciones deficientes y lejos de su barrio. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel y la plataforma Plan Sareb han respaldado las protestas, exigiendo soluciones y denunciando las prácticas de la entidad.
El Ayuntamiento de Casarrubuelos, gobernado por Más Madrid con apoyo del PSOE, ha expresado su “profundo rechazo”. Según admite el Consistorio, “la entidad no ha realizado las reformas prometidas, como el arreglo del ascensor, las acometidas de agua y luz, o la mejora de las zonas comunes”. Además, al Ayuntamiento le preocupa que el realojo de familias externas al municipio “pueda generar un colapso en los servicios sociales locales”. Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel denuncian que el Gobierno municipal, con su alcalde Vicente Astillero a la cabeza, estaría llevando a cabo “una campaña mediática” contra las familias afectadas. Fuentes cercanas al proceso informan a DIARIO SOCIALISTA que Astillero y varios vecinos de la localidad estarían difundiendo “prejuicios racistas y clasistas hacia las familias realojadas”, muchas de las cuales son de etnia gitana.
Por su parte, Sareb ha defendido su programa de Alquiler Social con Acompañamiento, asegurando que las viviendas en Casarrubuelos “reúnen las condiciones de habitabilidad” y que estarían realizando “labores de limpieza y reparaciones menores”. La entidad, controlada por el Estado español, ha afirmado que trabaja en coordinación con los servicios sociales municipales y que las familias realojadas participan en “un programa de acompañamiento para superar situaciones de vulnerabilidad”. Sin embargo, las familias afectadas y los colectivos sociales insisten en que las soluciones propuestas no garantizan su seguridad ni bienestar, manteniéndolas en una situación de incertidumbre y desamparo.
