Grecia afronta este viernes una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del sector público y privado, ADEDY y GSEE, en el segundo aniversario del desastre ferroviario de Tempe, donde el 28 de febrero de 2023 un tren de carga colisionó con un tren de pasajeros, causando la muerte de 57 personas. A la protesta se han sumado marineros, trabajadores ferroviarios y controladores aéreos, logrando paralizar todo el país junto a los trabajadores de los demás sectores. Además, se prevén manifestaciones en 250 ciudades de Grecia y en 54 urbes internacionales, incluyendo Barcelona, Madrid, Lisboa y Buenos Aires.
Las movilizaciones exigen que los responsables del accidente sean juzgados, independientemente de su rango, y denuncian la falta de mejoras en la seguridad ferroviaria. La presidenta del sindicato ADEDY, Despina Spanou, declara en EFE que “el Estado de derecho en Grecia debe aplicarse sin excepciones”. La Fiscalía de Larisa confirmó esta semana que tras el accidente, maquinaria pesada alteró la zona del siniestro sin orden judicial, un hecho que ha generado nuevas críticas hacia el gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Según una investigación de la emisora MEGA, altos cargos gubernamentales habrían presionado a la policía para iniciar la restauración del área pocos días después del choque.
El caso ha erosionado la confianza de la población en las instituciones del estado. Según encuestas recientes, el 72% de los griegos cree que el gobierno intenta encubrir responsabilidades, mientras que el 68% desconfía de que se haga justicia. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tracia, Yorgos Siakas, señaló que “la gestión del caso ha dañado no solo al gobierno, sino también a la credibilidad del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad”. Mitsotakis y su partido, Nueva Democracia, lograron la reelección con mayoría absoluta cuatro meses después del accidente, pero la crisis de confianza persiste dos años después de la tragedia.
