El gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha sido objeto de controversia tras la detención y posterior liberación de Osama Al-Masri, un alto mando de las Fuerzas Especiales de Disuasión (SDF) en Libia. Al-Masri, acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y contra la humanidad, fue arrestado en Turín el 19 de enero, pero liberado apenas tres días después por lo que el Ministerio de Justicia calificó como un “fallo administrativo” en la notificación de Interpol. Su regreso a Trípoli fue facilitado por un avión del servicio secreto italiano, lo que ha suscitado interrogantes sobre la relación del gobierno con grupos armados en Libia.
El caso ha desatado una crisis política en Italia. Partidos de oposición han exigido la dimisión del ministro de Justicia, Carlo Nordio, y han promovido una moción de censura. A nivel europeo, la Comisión Europea ha manifestado su preocupación por la aparente violación de la orden de la CPI, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado que la política migratoria italiana está favoreciendo a actores vinculados a violaciones de derechos humanos en Libia. Testimonios de migrantes rescatados en el Mediterráneo han señalado directamente a Al-Masri y a la SDF como responsables de torturas y detenciones arbitrarias, en el marco de acuerdos de cooperación en seguridad entre Roma y Trípoli.
La liberación de Al-Masri se suma a las crecientes críticas hacia la política migratoria de Meloni, basada en acuerdos con gobiernos africanos para frenar la llegada de migrantes a Europa. Si bien la Unión Europea ha respaldado en el pasado estas iniciativas, el escándalo ha generado dudas sobre el grado de control y supervisión que Italia ejerce sobre sus socios en el Norte de África. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación para determinar la responsabilidad de las autoridades italianas en la puesta en libertad de Al-Masri, lo que podría derivar en nuevas tensiones entre Roma, Bruselas y terceros países.
