El pasado 16 de abril, en plena Semana Santa, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil formalizó un contrato con las empresas israelíes IMI Systems LTD y Guardian Homeland Security S.A. por valor de 6.642.900 euros para la compra de 15,3 millones de balas del calibre 9mm.
La adjudicación, según figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público y ha confirmado la Cadena SER, se justificó por la “mayor puntuación en aplicación de los criterios para la adjudicación del contrato”, permitiendo a las compañías israelíes quedarse con dos de los tres lotes ofertados. IMI Systems, adquirida por Elbit Systems —empresa dependiente del Ministerio de Defensa de Israel— aparece como adjudicataria, mientras Guardian actúa como representante en el Estado español. Ambas comparten NIF.
El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, conocido por varias acusaciones de vulneración de derechos humanos que apuntan hacia él, anunció el 29 de octubre de 2024 que “rescindiría este contrato” tras la publicación de la SER sobre la compra de munición israelí.
En aquella ocasión, la ministra portavoz Pilar Alegría afirmó que “el compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto”. Sin embargo, según el historial de la licitación, el contrato nunca fue anulado. Interior ha justificado su decisión de no rescindir el acuerdo alegando que “la Abogacía del Estado desaconsejó la rescisión en la fase de tramitación ya avanzada”, debido a las “consecuencias derivadas de esta decisión unilateral”, incluyendo una posible indemnización a las empresas, conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.
La empresa Guardian Homeland Security continúa siendo proveedora habitual de la Guardia Civil. El pasado enero recibió otro contrato para el suministro de repuestos de armas por casi 15.000 euros. Además, en sus redes sociales, Guardian ha publicado mensajes de apoyo a las operaciones militares de la Fuerza de Defensa de Israel, que están cometiendo un genocidio en Gaza.
El socio de Gobierno Sumar ha reaccionado con quejas tras conocer la formalización del contrato, calificándolo de “vulneración flagrante de los compromisos adquiridos” y exigiendo la “cancelación inmediata” del mismo, pero sin romper con el Gobierno que sigue comprando material de cuestionable procedencia. La Cadena SER también ha intentado obtener una explicación de la empresa adjudicataria, sin recibir respuesta.
