El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, formalizó un contrato de 6,6 millones de euros para adquirir 15,3 millones de balas de calibre 9 mm a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial de Guardian LTD Israel.
La adjudicación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el Viernes Santo de 2025, contradice de forma abierta el “compromiso” anunciado por el Gobierno el 29 de octubre de 2024 de no comprar ni vender armamento al Estado de Israel debido al genocidio en Gaza. Según Interior, “la Abogacía del Estado advirtió que cancelar el contrato licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado el 21 de octubre de 2024, implicaría pagar el monto sin recibir el material”; un material “necesario” para la Guardia Civil.
Izquierda Unida (IU), parte de la coalición Sumar, reaccionó con dureza este miércoles. Su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, afirmó: “Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios. Esto no es un problema de que Sumar o IU tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves”.
El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, acusó al PSOE de abrir “la mayor crisis” en la coalición y señaló: “No basta ya con pedir explicaciones, nosotros nos posicionamos claramente: ese carril no lo vamos a recorrer”. Así, IU exigió la cancelación del contrato, la dimisión de responsables en Interior y “una reunión urgente de Sumar para evaluar su continuidad en el Ejecutivo”.
Sin embargo, parece ser que Sumar va por otro lado: la formación liderada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, calificó la compra como “una vulneración flagrante de los acuerdos” y exigió su “rectificación inmediata”, pero sin amenazar con salir de la coalición de gobierno: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aclaró: “En ningún momento Sumar se plantea salir del Gobierno, no está en cuestión nuestra participación”.
Díaz, en una entrevista en RTVE, había defendido que “el Gobierno goza de muy buena salud” pese a las discrepancias, mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), pidió por carta a Grande-Marlaska “la cancelación del contrato” y una auditoría de otros acuerdos con el Estado de Israel.
