El Gobierno español ha admitido que no podrá determinar a corto plazo las causas ni los responsables del apagón que el lunes interrumpió el suministro eléctrico en toda la Península Ibérica. Según fuentes de la vicepresidencia de Transición Ecológica citadas por La Vanguardia, se han comenzado a recibir datos de Red Eléctrica de España (REE), empresa encargada del transporte, y de operadoras privadas responsables de la generación y distribución, pero el volumen de información “no permite aún identificar el origen de la incidencia”.
En paralelo, el Ejecutivo ha solicitado la colaboración del CNI, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Seguridad Nacional para avanzar en la investigación. Los primeros análisis técnicos apuntan a que “el sistema sufrió dos oscilaciones en el flujo de potencia en el suroeste peninsular”. La primera habría sido contenida, pero la segunda, apenas un segundo y medio después, “no logró ser ni amortiguada ni aislada”, lo que habría provocado una caída en cascada de la generación. Sin embargo, el valor explicativo de esto es bajo, ya que apunta a los efectos, no a las causas del cero eléctrico.
Para evitar alteraciones en las redes eléctricas, requiere que haya equilibrio continuo entre producción y consumo de electricidad. Según la información disponible, las operadoras deben controlar estas oscilaciones y REE debe aislar el sistema en caso de fallo, pero el funcionamiento conjunto no evitó la propagación del apagón. Se está verificando si alguna planta fotovoltaica pudo estar en el origen del suceso.
Mientras las compañías afectadas reciben ya reclamaciones millonarias por parte de empresas perjudicadas, el Ejecutivo central ha pedido también a la Comisión Europea que agilice su propia investigación, que podría prolongarse entre tres y seis meses.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará el miércoles en el Congreso el estado de las investigaciones, aunque no se espera que pueda aportar conclusiones definitivas. El Ejecutivo mantiene su apuesta por un modelo energético basado en renovables, que considera “imprescindible para garantizar la autonomía energética a un precio competitivo”, según declaraciones recogidas por La Vanguardia.
