La Unión General de Trabajadores (UGT) ha aceptado su responsabilidad civil en un caso relacionado con irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a cursos de formación para trabajadores en Canarias entre 2006 y 2010.
Para evitar ser condenada como responsable civil subsidiaria, UGT ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el Gobierno de Canarias y los trabajadores afectados, que ha supuesto el pago total de 662.634 euros para cubrir las cantidades reclamadas.
Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas, se revelaron prácticas como la contabilización de horas de trabajo no realizadas y la existencia de nóminas dirigidas a personas desconocidas.
La Fiscalía ha señalado a antiguos cargos de UGT como responsables y ha solicitado penas de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, aunque retiró la acusación por estafa, lo que ha llevado a la absolución de algunos procesados.
Aunque el Gobierno de Canarias ha retirado la acusación tras el acuerdo con UGT, la Fiscalía mantiene la causa penal contra otros implicados y la sentencia definitiva está pendiente de ser dictada.
Este caso ha puesto en evidencia el estado de los controles en la gestión de fondos públicos para formación laboral en el Estado español.
