Lambertina Galeana Marín, quien fuera presidenta del Poder Judicial del estado de Guerrero, ha sido detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) Mexicana por su presunta implicación en la desaparición de grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, durante los ataques que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en un domicilio ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, donde también se ejecutó una orden de registro, según informó teleSUR el 16 de mayo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa la detención y declaró que “algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes se detuvieron en el Palacio de Justicia, y después desaparecieron los vídeos del Palacio de Justicia. Presuntamente sí existían, pero se borraron”.
Añadió que la acusación contra Galeana Marín se centra en la supuesta eliminación deliberada de estas grabaciones, las cuales han sido solicitadas durante más de una década por los familiares de los desaparecidos.
“Es una de las preguntas más importantes de las madres y padres: por qué se borraron esos vídeos”, afirmó Sheinbaum, señalando que la investigación está en manos de la Fiscalía.
Sheinbaum aclaró que cualquier decisión sobre investigar a otros funcionarios, incluido el exgobernador de Guerrero, corresponde exclusivamente al Ministerio Público. “No lo define la presidenta”, puntualizó.
En cuanto al proceso legal, la FGR obtuvo una orden de captura contra Galeana Marín por los delitos de desaparición forzada de personas y actos contra la administración de justicia.
Durante su etapa como magistrada, Galeana declaró públicamente que las grabaciones eran “de poca utilidad” porque solo mostraban “manchas borrosas”. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si ha sido trasladada al Estado de México, donde se concentra la causa penal por el caso Ayotzinapa.
