El gobierno del Partido Laborista del Reino Unido autorizó exportaciones de material militar al Estado de Israel al precio de 127,6 millones de libras esterlinas entre octubre y diciembre de 2024, según datos oficiales del sistema británico de licencias de exportación publicados por el Departamento de Negocios y Comercio.
Esta cifra, concedida mediante licencias individuales, supera el total acumulado de exportaciones militares del Reino Unido a la Palestina ocupada en los tres años previos bajo gobiernos conservadores. Entre los equipos autorizados figuran radares, software militar, componentes electrónicos y sistemas de puntería.
La publicación de estas cifras coincide con el litigio en curso iniciado por Global Legal Action Network (GLAN) y Al-Haq contra el gobierno británico, al que acusan de excluir de la suspensión temporal de exportaciones al Estado de Israel la licencia abierta para componentes del avión de combate F-35.
De acuerdo con un informe de Campaign Against Arms Trade (CAAT), el Reino Unido participa en al menos el 15% de la fabricación de cada unidad de F-35, a través de empresas como BAE Systems, Leonardo y L3 Harris.
El gobierno ha reconocido “el riesgo claro” de que estos componentes sean usados para vulnerar el Derecho Internacional Humanitario, pero se ha negado a suspender su envío, alegando que el impacto en las operaciones militares sería “mínimo”.
Sin embargo, según datos obtenidos por CAAT vía solicitudes de acceso a la información, la licencia abierta para piezas del F-35 fue utilizada 14 veces más en 2023 que en cualquier año anterior, lo que indicaría una alta demanda derivada del uso intensivo de estos aviones por parte del ejército israelí.
En paralelo, Naciones Unidas ha denunciado el deterioro de la situación humanitaria en Gaza, incluyendo la muerte de al menos 57 niños por desnutrición desde marzo de 2025, en un contexto de bloqueo de ayuda humanitaria como arma de guerra.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que todos los hospitales de Gaza han sido dañados o destruidos, y que sólo la mitad siguen funcionando parcialmente. Según datos del Ministerio de Salud palestino citados por agencias de la ONU, entre octubre de 2023 y abril de 2025 han podido confirmar más de 53.000 personas asesinadas con violencia directa, incluidos al menos 15.000 menores.
