El esquema militar anunciado por Tel Aviv plantea ocupar en dos meses el 75% de la Franja y “trasladar” al 93% de su población —2,05 de los 2,2 millones de habitantes— a tres áreas ya asediadas.
Las cifras oficiales reparten a la población así: 1.000.000 de personas en la destruida Ciudad de Gaza, 700.000 en el estrecho litoral de Al-Mawasi y 350.000 en Deir al-Balah, elevando la densidad media de estos enclaves por encima de 60.000 habitantes por km², veinte veces la de la Ciudad de México.
Los tres enclaves han soportado 20 meses de hostilidades que han dañado más del 70% de su infraestructura básica, según estimaciones de la ONU. El racionamiento autorizado por el Estado de Israel fija para cada desplazado 1,5 litros de agua al día, un 75% menos que el mínimo humanitario de 6 litros recomendado por la OMS. Con 25 de los 36 hospitales de la Franja fuera de servicio y una disponibilidad de 1 cama por cada 3.000 personas, el plan, si cabe, también agrava la tasa de hacinamiento sanitario hasta niveles 15 veces superiores a los previos a la guerra.
El Gobierno israelí justifica el operativo como vía para “desarticular a Hamas”, organización que, según sus propias palabras, aún mantiene unos 40.000 combatientes activos, la misma cifra estimada antes de la ofensiva iniciada en octubre de 2023.
En operaciones precedentes, la artillería israelí ha alcanzado zonas previamente catalogadas como “seguras”; la base de datos de la ONG Airwars atribuye a estos bombardeos más de 34.000 muertes civiles sin que los objetivos militares declarados hayan variado sustancialmente.
Apoyo al genocidio
El apoyo interno a la medida es elevado. Una encuesta elaborada para la Universidad Estatal de Pensilvania difundida por Haaretz muestra que el 82% respalda la deportación integral de los habitantes de Gaza y el 56% extendería la expulsión a los ciudadanos árabes que siguen viviendo en la Palestina ocupada por el Estado de Israel desde 1948.
La aprobación a acciones estilo “Jericó” —matar a todos los residentes de una ciudad conquistada— alcanza al 47% de los encuestados, 2 puntos porcentuales menos que quienes reconocen la existencia de un “Amalec moderno” (49%), figura bíblica cuyo exterminio considerarían “legítimo”.
La radicalización es más pronunciada entre los menores de 40 años: 66% respalda la expulsión de palestinos con pasaporte israelí y 58% ve válida la siniestra referencia bíblica de Jericó. Solo un 9% de los varones en ese rango de edad —grupo que nutre el grueso de las unidades desplegadas en Gaza— rechaza todas las propuestas de expulsión y exterminio planteadas en la encuesta.
