La compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems ha declarado que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno español sobre la cancelación del contrato para la compra y fabricación en el Estado español de 168 sistemas de misiles antitanque Spike LR2, valorado en aproximadamente 285 millones de euros.
Así lo ha confirmado la empresa a medios como El Independiente y The Marker, desmintiendo implícitamente el anuncio realizado por el Ministerio de Defensa español, que “ordenó” revocar la licencia concedida a su filial española, Pap Tecnos, para fabricar estos misiles.
El Ministerio de Defensa español comunicó el pasado 3 de junio” la revocación de la licencia y la búsqueda de alternativas tecnológicas que no dependan de Israel”, en línea con la supuesta estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para “reducir su dependencia tecnológica de ese país”.
Esta decisión afecta también al programa del lanzacohetes múltiple SILAM, que continuará desarrollándose con tecnología íntegramente española.
Sin embargo, fuentes de Rafael han señalado que “no han recibido ninguna carta oficial sobre la cancelación de un contrato” y que la empresa “sigue cumpliendo y operando de acuerdo con la política del Ministerio de Defensa israelí y con los contratos vigentes”.
La discrepancia entre la posición oficial del Gobierno español y la respuesta de Rafael pone de manifiesto o bien la falta de comunicación formal entre ambas partes, o que una de las dos no está diciendo la verdad, a pesar de que la “decisión” gubernamental ya ha sido difundida públicamente.
El Ministerio de Defensa no ha emitido hasta ahora una confirmación oficial directa sobre la recepción o notificación a Rafael, mientras que la empresa israelí ha declinado comentar si exigirá compensaciones por la revocación.
Historial de mentiras
Este episodio no sería el primero donde el Ejecutivo de Sánchez miente sobre la cancelación de contratos. Se suman otros antecedentes en los que el Gobierno español ha anunciado públicamente la cancelación de contratos o embargos de material militar con el Estado de Israel, mientras mantenía vigentes acuerdos millonarios o ni siquiera ejecutaba las medidas anunciadas.
Por ejemplo, tras el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, el Ejecutivo comunicó “la rescisión de un contrato de compra de munición a Guardian Defense & Homeland Security”, pero mantuvo otros nueve contratos activos con la industria militar israelí por más de 800 millones de euros.
Además, pese a exigir un supuesto “embargo internacional de armas a Israel”, Madrid continuó exportando y adjudicando contratos con empresas israelíes durante los primeros meses del genocidio, y solo tras la presión social y parlamentaria anunció la paralización de algunas operaciones.
Investigaciones periodísticas y del Centre Delàs han revelado que varios de estos contratos, incluidos los de munición y sistemas militares, seguían operativos pese a los anuncios oficiales de cancelación.
Estas contradicciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, movimientos pro-palestinos la oposición y expertos jurídicos, que denuncian falta de transparencia y coherencia en la política de embargo y cancelación de contratos militares por parte de Moncloa.
