En los últimos veinte años, el Estado español ha sido el único país de la eurozona —junto a Portugal— que ha reducido de forma significativa el gasto público en vivienda, pasando de destinar algo más del 1% del PIB en 2002 a apenas el 0,5% en 2022.
En términos absolutos, El Confidencial recuerda que la inversión en vivienda propiamente dicha cayó un 43% en ese periodo, situando a Madrid a la cola de Europa y muy lejos del incremento medio del 77% registrado en la eurozona, donde países como el Estado francés e Italia han reforzado sus políticas públicas para frenar la escalada de precios.
Esta caída de la inversión contrasta con el fuerte aumento del gasto público en otras partidas: en las dos últimas décadas, uno de cada tres euros extra se ha destinado a pensiones, mientras que sanidad y educación también han absorbido buena parte del crecimiento presupuestario.
En vivienda, sin embargo, el recorte ha sido una constante, independientemente del color político de los gobiernos, y ha afectado tanto a la administración central como a las comunidades autónomas.
Como consecuencia, el parque público de vivienda en el Estado español es hoy testimonial y muy inferior a la media europea, lo que agrava la crisis estructural de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias vulnerables.
Los expertos señalan que la falta de inversión pública es uno de los principales factores detrás de la actual burbuja de precios y advierten que, sin un giro en las prioridades presupuestarias, el problema seguirá creciendo.
