La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 3 de junio una enmienda al artículo 5 de la Constitución, que hasta ahora prohibía explícitamente la instalación de bases militares extranjeras en el país.
La reforma, impulsada por el presidente Daniel Noboa y respaldada por la mayoría oficialista, abre la puerta a la presencia de fuerzas militares extranjeras bajo el argumento de “fortalecer la seguridad nacional” mediante “cooperación estratégica, intercambio de inteligencia y transferencia tecnológica”, según especifica el comunicado oficial del parlamento ecuatoriano.
Diversas organizaciones sociales y movimientos, como el Movimiento Pachakutik, han criticado la decisión, señalando que supone una “vulneración de la soberanía nacional y expone al país a intereses externos”.
Los opositores argumentan que la experiencia histórica, como la base estadounidense de Manta (1999-2009), no contribuyó a reducir la violencia ni el narcotráfico, y citan datos que muestran un aumento de la tasa de homicidios durante ese periodo.
La reforma aún debe ser avalada por la Corte Constitucional y, posteriormente, por la ciudadanía en referéndum, previsto para los próximos meses.
El debate se produce en un contexto de aumento de la violencia y presión social por la “seguridad”, factores que el gobierno de Noboa utiliza como justificación para avanzar en su agenda de militarización.
