Cáritas Europa ha presentado en Bruselas su informe bienal sobre renta mínima, en el que advierte que los jóvenes de entre 18 y 25 años, las personas migrantes o refugiadas y quienes no tienen una vivienda estable encuentran “las mayores barreras de acceso al ingreso mínimo vital (IMV)” en Europa.
Según el estudio, estas dificultades se deben a “condiciones de elegibilidad estrictas”, como requisitos de residencia prolongada, restricciones de edad y pruebas de activos. Además, la organización alerta de que casi el 90% de sus entidades estatales, entre ellas Cáritas Española, constatan que las ayudas mínimas no cubren las necesidades básicas de los beneficiarios.
El informe, titulado Thriving, not just surviving, subraya que solo cinco países —Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Malta y Países Bajos— ofrecen apoyos que superan el 75% del umbral estatal de pobreza.
Cáritas también denuncia que la “complejidad administrativa, excesivos requisitos de documentación, barreras digitales, falta de concienciación y estigmatización” impiden que muchas personas con derecho a la prestación accedan a ella.
Maria Nyman, secretaria general de Cáritas Europa, afirmó que “el avance en la configuración de estos programas es lento y desigual en los distintos países europeos” y que “tenemos que asegurarnos de que la gente no solo sobrevive; tenemos que asegurarnos de que pueden planear su futuro, un futuro para toda su familia”.
Entre las recomendaciones, Cáritas pide a los gobiernos estatales y a la UE que “garanticen que los ingresos mínimos alcancen al menos el 75% del umbral nacional de pobreza para todos los tipos de hogares, y que se simplifiquen y amplíen los criterios de elegibilidad”.
En el caso del Estado español, la organización reclama mejorar la elegibilidad para jóvenes y migrantes, la coherencia geográfica del sistema y que se valoren los ingresos “solo de los tres meses anteriores y no del año anterior” para adaptar la ayuda a las necesidades reales de las personas vulnerables.
