Jueces y fiscales de todo el Estado español han realizado este miércoles un paro simbólico de diez minutos ante juzgados y tribunales para exigir la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: una que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y otra que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Las asociaciones convocantes, todas salvo las “progresistas”, consideran que estas medidas “debilitan la independencia judicial y abren la puerta a una mayor injerencia política en la Justicia”.
Durante las concentraciones, los representantes de las asociaciones, presumiblemente de derechas, han leído un manifiesto en el que alertan de que “las reformas suponen un retroceso en los principios de mérito y capacidad”, y critican que el proceso de acceso “podría volverse más arbitrario y susceptible de filtraciones, afectando a la calidad y la imparcialidad del sistema judicial”.
También rechazan el proceso extraordinario de estabilización para jueces y fiscales sustitutos, y el aumento de competencias del fiscal general del Estado, que seguiría siendo nombrado a dedo por el Gobierno central.
Los manifestantes han advertido que, si el Ejecutivo no retira los proyectos, no descartan convocar una huelga en el sector judicial.
El paro ha contado con el apoyo de centenares de jueces y fiscales en todo el Estado, y ha sido especialmente visible en sedes como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
El Gobierno, por su parte, defiende que las reformas “son necesarias para modernizar la Justicia y cumplir con recomendaciones europeas”, aunque reconoce la polémica generada en la carrera judicial.
El proyecto de ley afronta su primer examen parlamentario esta semana y el debate sobre la “independencia judicial” sigue abierto.
