La Comisión Europea sigue sin fijar fecha para autorizar el quinto pago de los fondos Next Generation al Reino de España, valorado en unos 25.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos, debido a dudas sobre el cumplimiento de uno de los principales hitos: la subida del impuesto al diésel.
El Ejecutivo español incluyó la equiparación fiscal del gasóleo a la gasolina en su plan de reformas, pero la medida fue rechazada en el Congreso de los Diputados por la falta de apoyo de varios socios parlamentarios, lo que ha dejado en el aire parte del desembolso.
El desembolso de estos fondos depende del cumplimiento de 84 hitos y objetivos fijados por Bruselas, la cifra más alta hasta la fecha en una solicitud de pago española. Entre ellos, la Comisión Europea destaca “la necesidad de que entre en vigor la subida fiscal al diésel”, una exigencia recogida de forma explícita en los compromisos firmados.
Fuentes comunitarias y del Gobierno español confirman a El País que la evaluación sigue abierta y que la cuantía final “podría verse reducida si no se cumple este requisito”, como ya ocurrió en el cuarto tramo, cuando Madrid recibió 158 millones menos por incumplir otra exigencia.
La reforma fiscal del diésel forma parte de un paquete más amplio de medidas tributarias “recomendadas” tanto por la Comisión Europea como por organismos internacionales como el FMI y la OCDE, que han subrayado “el bajo peso de los impuestos medioambientales en España respecto a la media de la UE”.
El Gobierno español y Bruselas continúan negociando una solución, pero la Comisión ha dejado claro que la aprobación del pago “requiere una evaluación exhaustiva” y no se compromete a ningún plazo para la decisión final.
