El centro de Los Ángeles vivió ayer una relativa calma tras cinco días de protestas y la imposición de un toque de queda por parte de la alcaldesa demócrata Karen Bass, que dejó 17 detenidos por desobedecer la orden y más de 200 arrestos relacionados con manifestaciones, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.
Sin embargo, el foco regresa a las operaciones irregulares racistas de detención de migrantes indocumentados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado las redadas en áreas urbanas y rurales, especialmente en condados agrícolas del norte de California, donde la organización obrera United Farm Workers reportó operativos en los que varios trabajadores intentaron huir de la detención.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informaba que al menos 330 personas han sido detenidas en el condado de Los Ángeles en unos 30 operativos federales, incluidos 61 mexicanos y “113 personas con antecedentes penales”, según la versión oficial.
ICE mantiene una cuota de 3.000 arrestos diarios, aunque la mayoría de los detenidos no tiene condenas previas por delitos graves, de acuerdo con el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse y reportes de BBC.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las detenciones buscan “retirar de las calles a asesinos, pedófilos y narcotraficantes”, aunque organizaciones sociales y autoridades locales denuncian el impacto en comunidades obreras migrantes y el clima de terror en los barrios de mayoría latina.
El despliegue de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, autorizado por el presidente Donald Trump, ha generado un nuevo pulso institucional con el Gobierno de California, que ha recurrido a los tribunales para frenar la presencia militar en las calles.
El gobernador Gavin Newsom ha acusado a Trump de “traumatizar” a las comunidades y de utilizar la fuerza militar para respaldar las redadas, mientras la alcaldesa Bass ha denunciado “la falta de coordinación con el Pentágono”. Sin embargo, los demócratas no han dudado en acompañar al estado de excepción impuesto Trump con medidas represivas como el toque de queda.
Las protestas y el miedo a nuevas detenciones han movilizado a organizaciones sociales, sindicatos, clubes deportivos y figuras públicas, en un contexto de creciente tensión política y social en el estado.
Redadas irregulares
En las últimas semanas, ICE ha sido acusado de cometer graves irregularidades e incluso abusos durante los recientes operativos en California.
Según Human Rights Watch y reportes recogidos por El País, ICE ha realizado redadas masivas en barrios y centros de trabajo sin órdenes de arresto, de forma puramente prospectiva, persiguiendo a trabajadores agrícolas entre cultivos en el condado de Ventura, deteniendo a personas “de apariencia extranjera”, lo que ha generado indignación entre organizaciones de trabajadores.
Testimonios recogidos por la UFW y medios como ABC7 muestran que los agentes han interrogado y detenido a personas basándose en su simple apariencia o por hablar español, sin justificación legal ni órdenes judiciales.
Además, las redadas han afectado a trabajadores esenciales y familias enteras, incluyendo detenciones en fábricas, tiendas y hasta frente a escuelas y tribunales, incluso después de que jueces desestimaran casos de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional ha publicado listados de detenidos acusándolos de delitos graves sin aportar pruebas de sus antecedentes.
