En el Estado español, más de una familia es desahuciada cada hora por impago del alquiler, una cifra que ilustra la gravedad de la crisis habitacional que atraviesa: solo en el primer trimestre de 2025, los juzgados ordenaron 7.334 lanzamientos, de los cuales el 77% (5.644 casos) se debieron directamente al impago de la renta, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta situación se produce en un contexto marcado por el auge del alquiler turístico y de temporada, que está reduciendo drásticamente la oferta de vivienda disponible para residentes y disparando los precios en las zonas más tensionadas, como Balears, Canarias, la costa mediterránea y grandes ciudades.
Según el Banco de España, hasta la mitad de las viviendas potencialmente habitables en estas áreas se destinan a fines turísticos o están en manos de no residentes, lo que limita severamente la disponibilidad para los hogares locales y dificulta el acceso a la vivienda habitual.
En municipios como Marbella o la periferia de Elche, la proporción de vivienda turística ya supera el 60% del parque de alquiler, y en la periferia de Málaga, más del 50%.
Este fenómeno, acelerado por plataformas digitales y la demanda internacional, ha contribuido a una subida acumulada de cerca del 30% en los precios del alquiler desde 2022, según datos del Banco de España y la Comisión Europea.
El déficit de viviendas disponibles para uso residencial se sitúa entre 450.000 y 600.000 unidades, mientras que la vivienda pública apenas representa el 1,5% del parque estatal de vivienda, frente al 9% de media en la Unión Europea.
El impacto social de este proceso se refleja en el aumento de los desahucios por impago de alquiler. Entre enero y marzo de 2025, se registraron 7.334 lanzamientos en todo el Estado, de los cuales el 77% (5.644 casos) fueron consecuencia directa de procedimientos por impago de la renta, según el Consejo General del Poder Judicial.
Aunque no existen cifras oficiales que muestren el auge del alquiler turístico con el número exacto de personas que pierden su vivienda por este motivo, tanto el Banco de España como la Comisión Europea reconocen que la expansión del alquiler vacacional y de temporada está expulsando a miles de residentes de sus hogares y agravando la crisis habitacional en las zonas más tensionadas.
