Entre 2023 y 2024, al menos seis asesinatos machistas cometidos por policías en activo o retirados han sido documentados por la prensa en el Estado español, representando más del 15% de los feminicidios registrados en los meses de verano de los dos años mencionados. Este porcentaje, además de ser cualitativamente alarmante, es significativo si se compara con el peso demográfico de los agentes, que suponen aproximadamente el 0,3% de la población a nivel estatal.
Reparando a casos particulares que han salido a la luz en los últimos meses, un policía local de Santander ha sido condenado por dos delitos de maltrato a su expareja. A principios de junio, varias mujeres militares denunciaban años de acoso sin respuesta en una unidad del Ejército en Zaragoza. En Canarias, un ex agente de la Guardia Civil fue detenido en febrero por asesinar y descuartizar a su esposa. En Granada, un subinspector de la Policía Local ha sido procesado por maltrato físico y psíquico continuado a su expareja y a sus dos hijas, con la Fiscalía solicitando casi siete años de prisión y más de diez detenciones por quebrantar la orden de alejamiento. Además, los compañeros de este mismo agente están siendo investigados por accesos irregulares al sistema VioGén, donde al menos seis policías locales consultaron sin autorización los datos de la víctima. En Burgos, un militar mató a su expareja en marzo. En Valladolid, un militar mataba a puñaladas a la pareja de su ex en enero. Anteriormente, Feminicidio.net y Efeminista reportaron casos como el de Oia (Pontevedra), donde un guardia civil mató a su expareja, y el de Antella (València), donde un ex policía asesinó a su pareja. Internacionalmente, un caso atroz de violencia machista y abusos sexuales en una familia de policías sacudió Grecia en diciembre de 2024.
Toda esta serie de datos y casos revela una incidencia desproporcionada y preocupante de crímenes machistas dentro de este colectivo. Sin embargo, aunque se trata de una realidad ampliamente documentada y preocupante, la violencia machista, los delitos sexuales y el matrato infantil cometidos por miembros de la Policía Nacional española, la Guardia Civil, policías autonómicas y locales o miembros de las fuerzas armadas sigue sin tener reflejo en estadísticas oficiales desglosadas y agregadas.
Un secreto de Estado a voces
Ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Igualdad ni la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género publican datos específicos sobre cuántos agentes han sido condenados, procesados o detenidos por estos delitos, aunque ciertamente disponen de esa información. Esta opacidad institucional impide conocer la magnitud exacta del fenómeno y limita la capacidad de análisis público, crítica y control sobre los cuerpos policiales y las fuerzas armadas.
Existen estudios internacionales que apuntan a una sobrerrepresentación de policías entre los perpetradores de la violencia machista. La obra periodística de Alex Roslin, titulada Police Wife: The Secret Epidemic of Police Domestic Violence, documenta que la violencia doméstica ocurre en hasta un 40% de los hogares de policías en Estados Unidos, una tasa hasta quince veces superior a la de la población general.
Diversas encuestas citadas por Roslin muestran que el 40% de los agentes reconocieron haber ejercido violencia física contra su pareja o hijos en el último año, frente al 4% de autoinformes en la población general. Además, Roslin denunciaba que la cultura policial tiende a encubrir estos hechos y que la disciplina interna es laxa: en grandes departamentos, solo el 6% de los agentes con denuncias sostenidas por violencia doméstica fueron expulsados, y muchos recibían sanciones menores que por otros delitos internos. La investigación señala que la combinación de poder, acceso a armas y el corporativismo policial agrava la situación y deja a las víctimas en una situación de aislamiento y desprotección.
Mientras tanto, en el Estado español, además de la falta de balances anuales oficiales o bases de datos públicas que permitan saber cuántos policías o guardias civiles han sido condenados por violencia machista, violencia sexual o maltrato infantil, ni siquiera existen estudios o aproximaciones independientes sobre la cuestión.
Los datos oficiales sobre violencia machista y vicaria, maltrato infantil o delitos sexuales en el Estado se ofrecen siempre de forma global, sin distinción por profesión del agresor, aunque existan indicios de una sobrerresentación de agresores y maltratadores entre los cuerpos policiales y militares.
Las aproximaciones preliminares a la cuestión coinciden en señalar la falta de transparencia y de rendición de cuentas institucional sobre este fenómeno. Esta ausencia deliberada de datos desglosados y agregados sobre la violencia machista, los delitos sexuales y el maltrato infantil en la policía ha sido denunciada por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y expertos en violencia de género, que reclaman “mayor control, transparencia y responsabilidad pública” en la gestión de estos casos, especialmente cuando afectan a miembros de los cuerpos armados y de seguridad del Estado, ya que, en teoría, “velan por la seguridad” de las víctimas y tienen acceso directo a armas de fuego.
