La Comisión Europea presentó este miércoles la propuesta de la primera Ley del Espacio de la Unión Europea, con el objetivo de establecer un marco normativo común que regule la actividad de los operadores del sector, tanto europeos como de terceros países, y, en sus palabras, “limite el impacto ambiental del aumento de lanzamientos y satélites”.
Según datos facilitados por la propia Comisión, actualmente hay 11.000 satélites en órbita y se prevé el lanzamiento de otros 50.000 en la próxima década, lo que incrementa el riesgo de colisiones y la generación de basura espacial. El reglamento obligará a retirar los satélites tras 25 años de servicio, o en solo un año si se encuentran en órbita baja, y exigirá reforzar la seguridad frente a ciberataques durante toda la vida útil de los dispositivos.
El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, afirmó en rueda de prensa que “el siglo XXI será el siglo del espacio” y defendió “la necesidad de armonizar las doce normas distintas que existen actualmente en la UE” para garantizar “la competitividad” del sector.
La UE representa el 11% de la inversión espacial global
Según la Comisión, en 2024 solo el 11% de la inversión global en el sector espacial recayó en la UE, frente al 57% en Estados Unidos y el 15% en China. El reglamento también obligará a calcular la huella medioambiental de las actividades espaciales y afectará igualmente a empresas extracomunitarias que operen en el mercado europeo, para lo que Bruselas prevé negociar acuerdos de homologación con terceros países.
La propuesta, que aún debe ser negociada y aprobada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, no afecta a satélites militares y prevé medidas de apoyo para que las empresas europeas puedan adaptarse a los nuevos requisitos. Kubilius recordó el supuesto ataque ruso a la red de satélites KA-SAT operada por Viasat en febrero de 2022 como ejemplo de los “riesgos de ciberseguridad”.
La Comisión Europea estima que el sector espacial podría superar el billón de dólares en la próxima década, pero advierte que la fragmentación normativa y la falta de inversión pública y privada ponen en desventaja a Europa frente a otros actores globales.
