El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) en Girona ha presentado este viernes un informe jurídico que contradice la versión oficial del Ayuntamiento de Guanyem Girona sobre el proceso de desahucio de una vivienda municipal. Según el sindicat, el consistorio liderado por Lluc Salellas modificó a finales de 2024 la naturaleza jurídica del inmueble, pasando de bien patrimonial a bien de patrimonio público, lo que permitió tramitar el desahucio por la vía administrativa en lugar de la civil. Esta estrategia, según detalla el informe, dificulta la defensa jurídica y sindical de la familia afectada, ya que la vía administrativa impide la intervención del abogado de la inquilina, Nouama, y deja a la familia en una “situación de indefensión total”, según declara el portavoz Aniol Negre en rueda de prensa.
El informe también recoge que el Ayuntamiento y la concejala Amy Sabaly han lanzado acusaciones públicas contra la familia y el sindicat, como “uso fraudulento en el padrón”, “alquiler social fraudulento” o “subarriendo”, además de negar que Nouama resida en la vivienda. Sin embargo, la documentación jurídica presentada por el sindicat incluye un informe de la propia asesoría jurídica municipal que reconoce que Nouama sí vive en el piso y que no ha habido subarriendo. El sindicat denuncia que el uso del padrón como argumento para el desahucio es “un ataque gravísimo a los derechos de las personas migrantes”, y considera que la CUP está “alimentando un marco reaccionario” con esta estrategia.
Respecto al impago de alquiler, el informe sostiene que la vía administrativa impide que la inquilina pueda abonar la deuda o “enervar” el desahucio para mantener el contrato. El SHSC explica que Nouama perdió su empleo y solicitó una rebaja del alquiler al Ayuntamiento, que fue rechazada sin ofrecer alternativas sociales, optando únicamente por la vía judicial y policial. La organización detalla que el gobierno municipal no aceptó ninguna de las propuestas presentadas en la última reunión mantenida el miércoles.
Finalmente, el portavoz Aniol Negre ha criticado duramente a la CUP, señalando que “con la gestión de este caso se observa el final de un proceso de integración de la CUP en la gestión capitalista de la miseria”, recordando alianzas recientes con Junts y cambios legislativos que, según el sindicat, han criminalizado la ocupación en Girona. Negre concluye que la gestión institucional de la CUP “acaba justificando desahucios, mintiendo públicamente y criminalizando a los sindicatos de clase y a la propia clase trabajadora”.
