La Cámara de los Comunes del Reino Unido ha aprobado este miércoles la proscripción de Palestine Action como “organización terrorista”, con 385 votos a favor y 26 en contra. La medida, propuesta por el Ministerio del Interior, convierte en delito “la pertenencia, el apoyo o la financiación” del grupo, con penas que pueden alcanzar hasta 14 años de prisión. Palestine Action ha sido conocida por sus acciones directas contra empresas vinculadas a la industria armamentística israelí en territorio británico, especialmente contra instalaciones de Elbit Systems.
Según los resultados de la votación, el Partido Laborista, el Partido Conservador y Reform UK respaldaron la proscripción, mientras que los Liberal Demócratas, el Partido Nacional Escocés (SNP) y Plaid Cymru se abstuvieron, y los Verdes e Independientes votaron en contra. Las autoridades de Londres argumentaron en el debate parlamentario que las actividades del grupo “suponen una amenaza para la seguridad pública y el orden democrático”.
La decisión, que tendrá que ser ratificada en la Cámara de los Lores antes de entrar en vigor, ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles y movimientos sociales, que advierten que la medida supone un grave precedente para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Reino Unido. Desde Palestine Action han denunciado que la proscripción “es un ataque directo a la acción directa contra la industria armamentística israelí” y han anunciado que organizarán actos de resistencia y debate sobre la respuesta colectiva a la ilegalización.
Protestas y represión
Tras la aprobación parlamentaria, la policía detuvo a una simpatizante de uno de los presos políticos de Palestine Action frente al Parlamento, mientras reclamaba la libertad de los llamados “Filton18”, un grupo que enfrenta hasta dos años de prisión preventiva por destruir material militar israelí. Además, colectivos sociales convocaron una manifestación de emergencia frente a Downing Street para defender el derecho a la protesta y rechazar la nueva legislación.
Palestine Action ha calificado la decisión de “abuso de poder” y ha anunciado que la impugnará judicialmente, con una audiencia urgente prevista para el viernes. La organización denuncia que la proscripción supone un ataque directo a la acción directa contra la industria armamentística israelí y a la libertad de expresión en Reino Unido.
Por su parte, expertos de Naciones Unidas designados por el Consejo de Derechos Humanos han instado al Gobierno británico a reconsiderar la medida, argumentando que “los actos de daño a la propiedad sin intención de poner vidas en peligro no deberían ser considerados terrorismo”.
El Ministerio del Interior británico justificó la decisión señalando que “la violencia y los daños criminales no tienen cabida en una protesta legítima” y que “es necesario un enfoque de tolerancia cero para proteger la seguridad nacional”.
