El Juzgado de Instrucción de Cádiz ha decretado prisión provisional para un trabajador detenido el lunes en el marco de la huelga del metal, tras los incidentes ocurridos el pasado 18 de junio durante una manifestación por las condiciones laborales del sector. La Policía Nacional española atribuye al arrestado la supuesta “agresión” a un agente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), en el contexto de unos disturbios que han sido ampliamente denunciados por sindicatos y colectivos sociales como resultado de una respuesta policial desproporcionada.
La detención se inscribe en la llamada “operación Fuego”, que mantiene abierta la Brigada Provincial de Información con la colaboración de distintas unidades policiales. En las últimas horas se han producido otros cuatro arrestos, incluyendo el de un trabajador interceptado en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se disponía a viajar con su familia, y sobre el que pesaba una orden de búsqueda por “desórdenes públicos” y “atentado”.
Con estos nuevos arrestos, la cifra de trabajadores detenidos durante la huelga del metal en Cádiz asciende ya a 23, la mayoría de ellas acusadas de delitos como “desórdenes públicos”, “daños” o “atentado contra la autoridad”. Buena parte de los incidentes investigados se concentraron el 18 de junio, cuando una manifestación terminó con cargas policiales, lanzamiento de objetos y quema de contenedores.
CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) han denunciado desde el inicio del conflicto la criminalización del sindicalismo y la represión sufrida por los trabajadores en lucha, señalando que el despliegue policial y la dureza de las medidas judiciales buscan amedrentar a quienes defienden sus derechos laborales. Así lo ha comunicado CTM en sus redes sociales: “Ahora cuando estamos volviendo a los tajos se está intensificando la represión. 4 detenidos mas ayer. Ante un sistema que solo da represión como respuesta a nuestras reivindicaciones nuestra respuesta es nuestra solidaridad de clase. Aporta si puedes y sobre todo difunde”. Tanto organizaciones de trabajadores como familiares de los detenidos exigen garantías procesales y el fin de la persecución contra quienes ejercen el derecho fundamental a la huelga.
