El Parlamento de Grecia debatía este jueves una enmienda legal impulsada por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis que suspende durante al menos tres meses el derecho a solicitar asilo para quienes lleguen sin permiso de residencia y por mar desde el norte de África. Según el ministro de Migración, Thanos Plevris, “para aquellos que entran irregularmente no aceptaremos solicitudes de asilo. Serán arrestados, detenidos y devueltos” a sus países de origen o procedencia.
La medida se espera que sea aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido conservador Nueva Democracia y responde al fuerte aumento de llegadas a la isla de Creta, que ha recibido más de 2.000 personas solo en la última semana y cerca de 9.000 desde enero.
La enmienda establece que las personas migrantes serán expulsadas sin ser registradas y que se crearán “centros de detención especiales” para quienes lleguen desde el norte de África, principalmente desde Libia. El Gobierno griego también prevé convertir instalaciones estatales ya existentes en centros de detención y aplicar la “detención administrativa” hasta por 18 meses, conforme a la normativa europea.
Además, se tramita un proyecto de ley que castigará con hasta cinco años de cárcel sin libertad condicional a quienes permanezcan en Grecia tras la denegación de su solicitud de asilo, salvo que cooperen y regresen voluntariamente a su país.
La medida ha generado preocupación por su posible choque con el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe las expulsiones colectivas y la devolución de personas a países donde puedan sufrir tortura o tratos inhumanos. El Ejecutivo griego sostiene que la decisión “es una respuesta necesaria ante una situación extraordinaria” y ha informado a la Comisión Europea de la suspensión temporal de las solicitudes de asilo para este grupo de migrantes.
Mientras tanto, el Reino Unido y el Estado francés han anunciado un acuerdo migratorio piloto que permitirá la devolución recíproca de personas migrantes indocumentadas que crucen el canal de la Mancha en patera, a cambio de “aceptar a solicitantes de asilo por vías legales y controladas”.
