El Ministerio del Interior español ha encargado a la multinacional china Huawei la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas judiciales por un importe de 12,3 millones de euros. El contrato, vigente entre 2021 y 2025, abarca la custodia de todas las comunicaciones interceptadas legalmente por las fuerzas policiales del Estado bajo orden de jueces y fiscales, y se adjudicó mediante un proceso público centralizado gestionado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
El sistema utilizado es el Huawei OceanStor 6800 V5, una línea de servidores de alto rendimiento que almacena, clasifica y conserva las grabaciones de orden judicial, incluyendo casos mediáticos como los audios del excomisario Villarejo o las aportaciones de la UCO en el caso Koldo, sin embargo, la inmensa mayoría de las escuchas judiciales no son contra políticos profesionales. Según fuentes oficiales, el uso de estos sistemas cumple las “guías de seguridad tecnológica” del Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y los criterios del Esquema Nacional de Seguridad, y la adjudicación se encuentra publicada en el portal de contratación estatal.
Los que ponen escuchas temen ser escuchados
Pese a las “garantías técnicas”, la decisión ha generado preocupación interna en sectores de la Policía Nacional española, la Guardia Civil y el CNI, que consideran “incongruente” confiar datos extremadamente sensibles a una empresa con conocida vinculación con las autoridades chinas, mientras en paralelo se recomienda a las operadoras privadas retirar equipos de Huawei de las redes críticas y EE. UU. mantiene un veto absoluto a la firma desde 2019. La Comisión Europea también había recomendado desde 2020 excluir de las infraestructuras estratégicas a empresas tecnológicas con vínculos estatales “no confiables”.
La polémica ha escalado hasta Washington, donde los presidentes de los comités de inteligencia del Congreso y el Senado estadounidenses han remitido una carta a la directora de Inteligencia Nacional pidiendo revisar el intercambio de información secreta con el Estado español, advirtiendo del “potencial riesgo de acceso a datos judiciales sensibles por parte del Partido Comunista Chino a través de Huawei”.
Madrid defiende la contratación alegando que “el sistema es estanco, sin conexión con el exterior”, y que la selección de la tecnología responde al menor coste ofrecido por la compañía. Sin embargo, el malestar entre diversos sectores del aparato del Estado sigue creciendo ante la contradicción estratégica que supone recurrir a Huawei para custodiar grabaciones judiciales sensibles.
