El sistema de “puntuación de riesgos” y la recolección masiva de datos en barrios humildes crean un bucle de vigilancia infinita bajo la apariencia de “neutralidad tecnológica”.
Palantir y el Pentágono aceleran la fusión entre el capital tecnológico y el aparato represivo del Estado para erigirse como los nuevos señores de los datos y del mundo.
La corporación maneja millones de datos europeos sin asumir responsabilidades, convirtiendo la infraestructura pública de la UE y el Reino Unido en el pilar de su negocio fuera EEUU.
El Ministerio del Interior activará los sistemas EES y ETIAS para monitorizar en tiempo real a los viajeros y exigiendo acreditar una solvencia de 118 euros diarios para permitir la entrada.
El sistema Lectio, que ya capta seis millones de matrículas al mes, se extenderá a nuevas carreteras y a municipios, mientras los Mossos planean incorporar inteligencia artificial para procesar los datos de los ciudadanos.
La comisión de Libertades Civiles aprueba enmiendas que limitan la vigilancia de comunicaciones a casos con autorización judicial y excluyen el análisis de mensajes cifrados, de momento.
Sanae Takaichi reactiva la ley de "cero residentes ilegales", con recompensas de 50.000 yenes a cambio de chivarse, generando un clima de acoso y tensión social.
La Justicia investiga por primera vez a mandos del cuerpo policial y al CNI por usar los programas Pegasus y Candiru contra desarrolladores de tecnología civil.
