La Comisión Antiviolencia endurece el control sobre el alcohol y las gradas de animación en el fútbol profesional

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, en coordinación con la Policía Nacional española, ha ampliado y endurecido el paquete de medidas de control para la temporada 2026/27 en Primera División, Segunda División y Primera Federación. El plan, que la propia Comisión califica como “continuista”, refuerza dos frentes prioritarios: el consumo e introducción de alcohol en los estadios y el control exhaustivo de las gradas de animación. Los clubes han sido informados en las últimas semanas de que se perseguirá con especial rigor cualquier infracción, incluyendo comportamientos considerados “políticamente incorrectos”. La previsión es extender estas normas a Segunda Federación antes de 2030.

En el capítulo del alcohol, las medidas son especialmente gravosas para los clubes. La venta de alcohol en puntos oficiales puede acarrear multas de entre 5.000 y 50.000 euros, y la introducción de alcohol por parte de los aficionados podría elevar la sanción actual de 8.000 a 15.000 euros. Además, se contemplan controles de alcoholemia en los accesos, especialmente en partidos de alto riesgo o playoffs, y los aficionados que accedan bajo los efectos del alcohol se enfrentan a multas de entre 3.000 y 10.000 euros. La vigilancia también se extiende a la pirotecnia, los objetos lanzados al terreno de juego y la identificación de los asistentes, con sanciones que incluyen multas de 4.000 a 10.000 euros y prohibiciones de acceso a los recintos deportivos de hasta 12 meses.

Estas medidas suponen un recorte evidente de libertades civiles, como demuestran las sanciones aplicadas en los últimos meses a viandantes por consumo de alcohol en la vía pública, una deriva que criminaliza el mero estado de embriaguez sin relación directa con la violencia en el deporte, con sanciones incluso superiores a las que se imponen en los controles de alcoholemia de tráfico. Varios grupos de aficionados denuncian que esta regulación extrema de las gradas convierte la experiencia de ir al fútbol en un trámite burocrático, donde todo tiene que ser previsible, tiene que estar regulado, medido y permitido por las autoridades: ya no hay lugar a la espontaneidad, la emoción y el carácter festivo, que se ven sustituidos por un control frío y aséptico que desnaturaliza el fútbol como espacio de encuentro popular. En consecuencia, muchos aficionados ya no reconocen los estadios como un lugar donde expresar su pasión deportiva, y el descontento crece entre quienes se preguntan si merece la pena asistir a un espectáculo donde la vigilancia y la sanción son la norma.

Las gradas de animación, en el punto de mira

El control sobre las gradas de animación es, sin embargo, el aspecto más polémico. La nueva normativa limita a un único megáfono por estadio, que solo podrá ser utilizado por una persona autorizada e identificada previamente en un informe conjunto del club y la Policía Nacional. Se prohíbe “el fomento del odio, la homofobia y la expresión de opiniones de carácter político o religioso”. Las pancartas deberán contar además con un certificado de la empresa fabricante que acredite que no están hechas con materiales peligrosos, homologado por la Policía. Los tifos, por su parte, quedan sometidos a una autorización previa que exige comunicar el diseño final al club y obtener la aprobación formal de la Policía, eliminando así los “tifos sorpresa”, sospechosos de incluir contenido político o social agitativo. La vigilancia se reforzará también con agentes de paisano en las gradas, y las sanciones recaerán sobre los responsables identificados.

El endurecimiento de las medidas ha sido recibido con críticas por parte de peñas y grupos de aficionados, que ven en estas normas una criminalización de la cultura de animación y una restricción de la libertad de expresión en los estadios. La exigencia de autorización previa para tifos y pancartas, la limitación de los megáfonos a una sola persona autorizada y la vigilancia encubierta dibujan un escenario de control total que va más allá de la “seguridad” para adentrarse en la censura del contenido político y reivindicativo de las gradas. Mientras la Comisión Antiviolencia justifica las medidas como una evolución de los controles experimentados la temporada anterior, el fútbol, tradicionalmente un espacio de expresión popular, avanza convertido en un campo de pruebas para la vigilancia y la censura capitaneada por las empresas y el Estado.

Indar Gorri: 351 multas y 98 detenciones en las últimas dos temporadas

Las críticas de las peñas y aficionados no son meras especulaciones. El caso de Indar Gorri, el grupo de animación de Osasuna, ilustra de forma extrema la aplicación de estas políticas. Según datos difundidos por el propio grupo el pasado 14 de mayo, en las dos últimas temporadas sus miembros han acumulado 351 sanciones administrativas que suman 228.000 euros en multas —una media de 1.000 euros cada 3,3 días—, 98 detenciones (una por semana) y 52 años de prohibición de acceso al estadio repartidos solo entre sus integrantes. A estas cifras se añade el historial de intervenciones policiales en El Sadar, como la violenta carga policial del pasado 21 de febrero contra aficionados tras un partido contra el Real Madrid, que provocó al menos 30 heridos, uno de ellos inconsciente tras golpearse la cabeza contra el suelo. Anterioremente, la dirección del club reconoció que el coordinador de Policía había vetado la reproducción de la canción No hay tregua, de Barricada, por “temor a nuevas sanciones”. Indar Gorri ha denunciado que estas medidas, lejos de ser incidentes aislados, funcionan como un “laboratorio de represión” que utiliza el fútbol para aplicar políticas de control social sobre la clase trabajadora.