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EEUU declara “terrorista” al colectivo italiano Autistici/Inventati por proporcionar herramientas digitales a movimientos sociales

El Departamento del Tesoro incluye al proyecto en su lista de “organizaciones terroristas globales” junto a grupos palestinos. La decisión equipara proveer de servicios de correo cifrado y hosting con el apoyo al “terrorismo de extrema izquierda”.

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Imagen de archivo de Scott Bessent, secretario el Departamento del Tesoro de EEUU. Foto: vía cryptopolitan.com
Imagen de archivo de Scott Bessent, secretario el Departamento del Tesoro de EEUU. Foto: vía cryptopolitan.com

El gobierno de los Estados Unidos de América ha incluido al colectivo italiano Autistici/Inventati (A/I) en su lista de organizaciones terroristas globales (Specially Designated Global Terrorists), según anunció el pasado 26 de agosto el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida, aplicada en virtud de la Orden Ejecutiva 13224 —el instrumento de excepción creado tras los atentados del 11 de septiembre para sancionar a entidades vinculadas a lo que ellos llaman “terrorismo”—, bloquea todos los bienes e intereses del colectivo bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano de EEUU realizar transacciones con él.

El Tesoro justifica la medida dentro del marco de la “Estrategia Antiterrorista de EEUU de 2026”, que identifica a los “grupos terroristas violentos de extrema izquierda” como una de las tres “principales amenazas” para el país. Junto a Autistici/Inventati, han sido sancionados Palestine Action —declarado “grupo terrorista” en el Reino Unido en julio de 2025— y Masar Badil, una organización internacional que Washington considera una “fachada” del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), designado como “organización terrorista extranjera” desde 1997. Para salir de la lista, la OFAC ha habilitado un formulario online en el que las organizaciones sancionadas deben declararse “arrepentidas” de su comportamiento, un procedimiento que el colectivo ha calificado de absurdo. La OFAC ha emitido además una Licencia General nº 36, que autoriza hasta el 25 de septiembre de 2026 las operaciones necesarias para cerrar cualquier relación existente con el colectivo.

Según el comunicado del Tesoro, Autistici/Inventati es una “organización de extrema izquierda con sede en Italia” que proporciona “una gama de herramientas y servicios tecnológicos a grupos extremistas violentos de izquierda, incluyendo alojamiento de sitios web en servidores extranjeros, cuentas de correo electrónico cifrado, chat y videoconferencias, y arquitectura digital asociada a su plataforma Noblogs”. El colectivo se identifica como antifascista y antimilitarista y ofrece sus servicios exclusivamente a personas y colectivos afines, “incluidas organizaciones terroristas sancionadas como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)”, según el texto oficial. El Tesoro sostiene que A/I ha proporcionado “apoyo material, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica” a lo que denomina “actos de terrorismo”. La designación, sin embargo, no cita ningún acto concreto de violencia atribuido directamente al colectivo, sino su función de facilitar la comunicación de otras organizaciones. Además, el proyecto no es una empresa tecnológica al uso: desde su nacimiento en la primavera de 2001, Autistici/Inventati ha sufrido múltiples registros judiciales en Italia. El 15 de junio de 2004, la policía postal, por orden de la procura de Bolonia, se presentó en la granja de servidores de Aruba en Soci (Arezzo) y, con el consentimiento del personal, copió el contenido del servidor del colectivo, violando unas 5.000 cuentas de correo y cientos de sitios. Aruba no avisó a nadie y justificó el apagón como un “fallo técnico”. En 2009, tras una querella del grupo fascista Casapound, la procura de Avezzano emitió rogatorias internacionales y clonó de nuevo los servidores. En ambas ocasiones, el colectivo logró reanudar sus servicios gracias al “Piano R*”, su estrategia de dislocación de servidores en varios países.

A pesar de los ataques judiciales y políticos, el proyecto Autistici/Inventati ofrece desde hace 25 años servicios de correo electrónico cifrado, hosting, listas de correo y blogs a movimientos sociales, colectivos y activistas, con el objetivo de proporcionar “herramientas de autodifensa digital” que permitan comunicarse al margen de la vigilancia comercial y estatal. El colectivo gestiona miles de cuentas de correo y sitios web, y su plataforma Noblogs es utilizada por cientos de grupos y publicaciones independientes. La designación estadounidense ha sido recibida con estupor y críticas en los movimientos sociales y en el entorno comprometido con los derechos digitales. Autistici/Inventati ha rechazado todas las acusaciones y ha reafirmado su compromiso con la provisión de herramientas de autodefensa digital. “El antifascismo y el anticapitalismo no son terrorismo. Protestar no es terrorismo”, declaró el colectivo en un comunicado, en el que advirtió de que la medida forma parte de una estrategia de una “administración políticamente desesperada” para desviar la atención de “su propia violencia y beligerancia”.

Autistici/Inventati ha lanzado un mensaje de firmeza: “No nos detendremos y seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho”. En Italia, la sanción no tiene efectos legales directos: fuentes del Viminale consultadas por el diario comunista Il Manifesto han señalado que, al tratarse de medidas unilaterales de EEUU, no hay obligación de aplicarlas. Sin embargo, el gobierno italiano no ha protestado oficialmente, y el silencio ha sido la tónica dominante, aunque se esperan interpelaciones parlamentarias de Avs y M5s en los próximos días. El colectivo ya está buscando un abogado con capacidad para actuar en EEUU y estudia la posibilidad de recurrir a la Electronic Frontier Foundation (EFF), la organización sin ánimo de lucro de San Francisco especializada en la defensa de los derechos digitales.

El comunicado del Tesoro incluye una advertencia: “Estados Unidos no sanciona a personas por participar en discursos políticos u otras actividades constitucionalmente protegidas”, pero añade que, según la EO 13224, se considera terrorismo cualquier “acto violento o peligroso para la vida humana, la propiedad o la infraestructura que parezca estar destinado a intimidar o coaccionar a una población civil, o a influir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción”. La distinción entre “discurso político” y “apoyo material” es el ambiguo terreno sobre el que se mueve la sanción.

El precedente abierto por la administración Trump amplía así el controvertido y manoseado concepto de “terrorismo” hasta incluir la infraestructura del disenso: no solo se persigue a quienes cometen actos determinados, sino a quienes permiten que otros se organicen. El colectivo italiano —que sigue operando bajo el lema “Socializzare saperi, senza fondare poteri” (Socializar saberes sin fundar poderes)— no es una multinacional tecnológica, sino una experiencia autogestionada que se convierte así en un objetivo de una guerra que no distingue entre el mensaje y el medio, pero sobre todo, convierte la disidencia política antifascista y anticapitalista en objetivo a batir. La pregunta que queda ahora en el aire es si cualquier servicio de comunicación independiente de izquierdas puede ser considerado “apoyo material al terrorismo” en Washington, y si la lucha por la autonomía digital se ha convertido en un delito.