Europol vuelve a señalar la lucha social y la disidencia política como “amenaza terrorista”
Su último informe define el marxismo-leninismo, los movimientos ecologistas, propalestinos y okupas como “terrorismo de izquierdas”, mostrando preocupación por un auge de la militancia juvenil.
El informe anual TESAT 2026 de Europol, publicado el pasado 13 junio, ha vuelto a poner de relieve la forma en que las instituciones europeas observan y catalogan la disidencia política. La agencia define a los movimientos sociales, comunistas y anarquistas como “terrorismo de izquierda” a aquellos grupos que “buscan desencadenar una revolución violenta contra el sistema político, social y económico de un estado, con el fin de establecer el socialismo y, finalmente, crear una sociedad comunista y sin clases”, y precisa que su ideología suele ser “marxista-leninista”. Por otro lado, conceptualiza como “terrorismo anarquista” a “aquellos actos de violencia cometidos por grupos o individuos que promueven la ausencia de autoridad como modelo social”. Ambas definiciones, que se repiten en las definiciones año tras año, criminalizan de facto cualquier aspiración a un cambio de base. Los datos del informe muestran que en 2025 se registraron “45 atentados” en la UE, de los cuales 12 fueron atribuidos a “la izquierda y el anarquismo” —“el segundo tipo más frecuente tras el yihadismo”, según Europol—, todos ellos contra objetivos materiales (edificios, vehículos, bancos) y sin víctimas mortales. Sin embargo, Europol insiste en incluir en la misma categoría las acciones de grupos que “recurren a lo que clasifican como acciones violentas” para llevar a cabo sus reivindicaciones. La agencia señala que los blancos preferentes de la “extrema izquierda” incluyen “empresas vinculadas a Israel, edificios municipales, instituciones financieras y objetivos relacionados con la policía y la administración penitenciaria”. En el capítulo dedicado a este tipo de “terrorismo”, la propia Europol reconoce que los ataques fueron “relativamente de bajo coste” y que “la mayoría fueron llevados a cabo por autores desconocidos”, lo que no impide que la agencia los presente como una “amenaza organizada y transnacional”. Europol dedica un apartado específico a las “narrativas” de la izquierda y el anarquismo, y señala que sus reivindicaciones incluyen “posturas anti-OTAN y anti-guerra”, “solidaridad con Palestina”, “oposición a la represión estatal”, “críticas al aumento de los costes de vida” y “defensa de los derechos de los migrantes y trabajadores”, estableciendo un marco de criminalización implícito a las organizaciones que trabajan sobre estas temáticas. La agencia también observa que el “conflicto” en Gaza “sirvió como factor movilizador en el entorno de extrema izquierda, fomentando un sentido de unidad entre diversos actores”. En cuanto al “reclutamiento”, Europol identifica que los grupos investigados consiguen miembros sobre todo en espacios físicos: “en okupas, en manifestaciones y protestas, en centros sociales, en prisiones”. La agencia considera que los objetivos preferentes son “individuos de contextos vulnerables”, “aquellos con preferencias ideológicas alineadas” y “los jóvenes”.
La militancia juvenil preocupa a la Europol
Otro aspecto que preocupa a la agencia es “el creciente número de jóvenes involucrados en el terrorismo de extrema izquierda y anarquista”, aunque en 2025 solo se registraron 13 detenciones en este ámbito. El informe alerta de que los jóvenes “interactúan en comunidades en línea donde comparten ideologías, accesos a materiales de propaganda e incluso recursos que pueden facilitar la planificación de actos”, y señala que “la rapidez con la que estos jóvenes pasan del consumo de propaganda a la acción” sería “preocupante”.
La “amenaza” que detecta la policía europea no es, por tanto, “la violencia” –en singular–, sino la posibilidad de que exista una alternativa al capitalismo. Por tanto, su definición de “terrorismo” es tan amplia que podría aplicarse prácticamente a cualquier forma de organización colectiva que cuestione el orden establecido.
El TESAT 2026, en definitiva, no es un diagnóstico objetivo de “la violencia política” –de hecho, tiende a infrarrepresentar la violencia fascista–: bajo la apariencia de la “neutralidad técnica”, legitima la criminalización de la disidencia y la vigilancia de quienes simplemente no aceptan el mundo tal como es, y se organizan para cambiarlo.
