Rodrigo Paz pretende prorrogar el estado de excepción en Bolivia
El Ejecutivo evalúa mantener el despliegue militar en las calles tras cumplirse los tres meses; las centrales sindicales COB y CSUTCB amenazan con retomar los bloqueos que paralizaron al país en mayo.
El Gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, ha anunciado su intención de prorrogar el estado de excepción decretado el pasado 20 de junio, a tan solo 18 días de que venza. La medida, que derivó en el despliegue de las Fuerzas Armadas en las principales carreteras del país, ha sido rechazada contundentemente por los principales sindicatos y organizaciones sociales. Las dirigencias campesinas y obreras sostienen que la presencia militar no ha resuelto la crisis de abastecimiento de carburantes ni la escasez de dólares, al tiempo que el Ejecutivo enfrenta una severa inestabilidad política salpicada por disputas internas y presuntas tramas de corrupción.
La posibilidad de extender el régimen de excepción ha sido planteada públicamente por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien aseguró que dentro del gabinete existe “una marcada inclinación a mantener la medida”. Justiniano argumentó que la presencia militar en las rutas “ha devuelto la serenidad al país y ha sido bien recibida por la ciudadanía”, a la que definió como “contenta de estar en un estado de normalidad, de circulación y que se pueda trabajar” tras la huelga general que paralizó el país durante varios meses. En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la continuidad de la mano dura señalando presuntas “tentativas de desestabilización” y vinculando las protestas con discursos de “narcoterrorismo contra el Estado”.
La postura oficial contrasta directamente con el malestar en las calles. Desde la Central Obrera Boliviana, su máximo ejecutivo, Mario Argollo, rechazó la iniciativa este martes y advirtió que “prolongar la militarización en un contexto democrático resulta irresponsable”. Argollo relacionó la protesta social con el deterioro económico y criticó severamente el Decreto Supremo 5676, una disposición que modificó los subsidios energéticos para los grandes consumidores e impulsó la liberalización del diésel, impactando en el costo de vida de mineros, transportistas, productores y gremiales. Por su parte, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Hilarión Medrano, ha declarado que el Gobierno “debe enfocar sus esfuerzos en resolver la falta de combustible en lugar de recurrir a decretos autoritarios”.
A este frente de resistencia se sumaron voces del movimiento cocalero e intercultural del Trópico de Cochabamba, donde el dirigente Aquilardo Caricari defendió el derecho a la movilización frente a posibles actos de represión y afirmó no temer eventuales persecuciones políticas. Asimismo, Isidro Auca, representante de la Federación de Centrales Unidas, sintetizó la indignación generalizada al declarar que “este gobierno quiere vender nuestros recursos naturales, no escucha al pueblo”, advirtiendo que los bloqueos se reavivarán si la medida se prorroga. Las organizaciones denuncian que detrás de las decisiones económicas del actual gobierno derechista se encuentra un plan articulado con el Growth Lab de la Universidad de Harvard y el Fondo Monetario Internacional para abrir la explotación de minería, litio e hidrocarburos al capital privado extranjero.
Un gobierno en minoría y azotado por la corrupción
La viabilidad legal de la prórroga, sin embargo, está en duda. Al tratarse de una medida constitucional, la extensión del estado de excepción requiere el aval de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la actualidad, la bancada oficialista carece de dicha mayoría tras la ruptura de su alianza política con la fuerza Unidad. A esta fragilidad parlamentaria se le suma el caso de corrupción que involucra al consultor y operador político argentino Fernando Cerimedo.
Cerimedo, señalado como asesor informal del entorno presidencial y con estrechos vínculos con sectores de la extrema derecha en Argentina y Brasil, se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Su detención se produjo cuando intentaba abandonar el país tras ser acusado de ordenar un ataque armado contra la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a tres impactos de bala. El atentado se habría producido para evitar que Beller hiciera pública información sobre supuestos esquemas de lavado de dinero, sobornos e ilícitos en los que estaría salpicada la familia de Paz. El caso cobró mayor volumen tras la difusión de un audio revelado por el vicepresidente Edmand Lara, en el que supuestamente Paz y Cerimedo discutían la aplicación de un “estado de sitio dirigido” en zonas como el Chapare y San Julián, utilizando campañas mediáticas para presentar la intervención como una “operación contra el narcotráfico”.
