El Gobierno de Bolivia declara el estado de excepción por 90 días
Tras un acuerdo parcial con la Central Obrera Boliviana, el Ejecutivo moviliza al Ejército para cargar contra los bloqueos campesinos que aún persisten tras más de 50 días de protestas.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado 20 de junio de 2026 la imposición del estado de excepción en todo el territorio boliviano por un prolongado período de 90 días. A través de un mensaje televisado desde el Palacio de Gobierno, el mandatario intentó justificar esta medida bajo el argumento de “liberar las redes viales del país”, las cuales acumulan más de 50 días de bloqueos y movilizaciones masivas. Flanqueado por la totalidad de su gabinete ministerial, Paz defendió la intervención del ejército asegurando que el Ejecutivo agotó las instancias de diálogo; sin embargo, para las organizaciones de base, la medida representa una apuesta por la salida represiva frente a un descontento social generalizado que mantiene paralizada a buena parte de la actividad del país.
El decreto presidencial faculta formalmente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para ejecutar acciones de desalojo en las carreteras violentamente. Mientras el presidente Paz acusaba a los manifestantes de “utilizar el conflicto político para hacer daño y arrebatar la libertad a los ciudadanos, los huelguistas señalaron que el verdadero origen del sufrimiento” y las incalculables pérdidas económicas radica en la desatención histórica de sus reivindicaciones.
He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país.
— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 20, 2026
Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares.
Este Estado de Excepción no…
La declaración del estado de emergencia se produjo apenas unas horas después de que el Palacio Quemado lograra fracturar la unidad del movimiento de protesta mediante la firma de un acuerdo con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). Si bien este pacto estratégico implicó que los sectores “cobistas” comenzaran a levantar las medidas de presión a nivel estatal, la “tregua” resultó insuficiente para desactivar el descontento general. Diversas agrupaciones de trabajadores campesinos no suscribieron el acuerdo de la COB por considerarlo “ajeno a sus realidades”, ratificaron el cierre de rutas estratégicas y condicionaron cualquier desmovilización voluntaria a un cambio de rumbo político definitivo que incluya la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La federación rural conocida como Tupac Katari, uno de los sindicatos de este tipo más poderosos en el altiplano de La Paz, afirmó que continuará con sus tácticas de presión hasta que el gobierno atienda sus demandas, las cuales incluyen la liberación de los prisioneros detenidos durante las protestas, el respeto a las organizaciones indígenas y respuestas ante la crisis económica que enfrentan sus comunidades.
Lejos de buscar un puente con estos sectores rurales, el discurso del mandatario se centró en la criminalización de la protesta. Paz tildó la resistencia campesina como una “estrategia organizada de desestabilización institucional y un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, focalizando sus acusaciones contra los sindicatos agrarios que operan en el Chapare y el Trópico de Cochabamba. Esta retórica discursiva ha sido criticada por defensores de derechos humanos, quienes ven en el etiquetado de “narcoterrorismo” un recurso político para deslegitimar los reclamos de los trabajadores del campo y justificar el uso de la fuerza militar.
